Los primeros cien días de la administración del presidente Trump han sido en efecto unos cien días de ansiedad para la sostenibilidad empresarial y ambiental ante su ataque desmedido. Se han juntado el deseo de mostrar decisión con una repulsión a las mediadas tomadas por su predecesor, fuesen apropiadas o no, y sin considerar el impacto que tendrán sobre la sociedad y el medio ambiente y ni siquiera si son factibles de implementar dentro del esquema institucional y legal del país. Destrucción como objetivo. Y si el esquema institucional no lo facilita, se le debe atrofiar: reducción de fondos para la investigación, hostigamiento a las empresas, instituciones y gobiernos locales, eliminación de funciones gubernamentales y de regulaciones, amenazas a la prensa, a los jueces y a los congresistas que se opongan.  

Sostenibilidad: Medioambiente, diversidad, equidad e inclusión (DEI), gobernanza e inversiones responsables 

En medio ambiente la acción más notable ha sido el anuncio de la salida del Acuerdo de Paris sobre el cambio climático, que será efectivo un año después.  Es un acto mas simbólico que efectivo, ya que tiene poco efecto sobre el comportamiento de los demás países. Los países de la Unión Europea y China no cambiarán sus estrategias. Y aun en EE. UU. las empresas, y los estados no dominados por su partido, no parece que harán cambios significativos. A nivel nacional si bien se reducen las regulaciones sobre la extracción de petróleo, gas y carbón, tampoco parece que tendrán mucho efecto ya que deben actuar a través de los mercados donde no hay exceso de demanda. La acción sobre el cambio climático es pura ideología política. 

En los temas de DEI, el impacto sobre sobre las empresas y las instituciones ha sido más tangible y en el corto plazo. Para su gobierno, la promoción de la DEI es contrario al nativismo, al nacionalismo étnico (como lo es la oposición a la inmigración). Es sinónimo de discriminación contra el hombre blanco, que para ellos va en contra de la meritocracia, al dar ventajas a las mujeres y a segmentos de la población desfavorecidos. Parten de una concepción equivocada de la meritocracia, que solo es una política legítima cuando ha habido y hay igualdad de oportunidades, de acceso a recursos, cuando se parte de cero, pero este no es el caso de la situación actual.  

Ante el hostigamiento, muchas empresas e instituciones (¡universidades!) han desmantelado sus programas DEI, algunas les han cambiado el nombre y enfoque, y unas pocas ha desafiado al gobierno manteniendo sus programas, llegando inclusive a lograr el respaldo de las asambleas de accionistas..  Claro está que las reacciones son función del balance entre la exposición que tienen al poder del gobierno que los quiere eliminar y el de los consumidores y otros stakeholders que los quieren mantener. Gran número de empresas e instituciones han optado por el “greenhushig”, no hablar del asunto y seguir adelante en la medida lo posible.  Ideología política, pero visceral. 

En términos de gobernanza el impacto está siendo más dramático, pero es a nivel político nacional, donde se pretende eliminar el balance de poderes entre el legislativo (que no actúa), el judicial que es atacado continuamente y desacatado, y el ejecutivo donde se quiere concentrar todo el poder. A nivel de las empresas el impacto en gobernanza reside en la actuación de los consejos, donde se prohíben las preferencias, por ejemplo, a la participación de las mujeres. Se está haciendo mucho más difícil presentar resoluciones en las asambleas de accionistas, sobre todo las referentes a sostenibilidad, y se debilitan los derechos de los accionistas minoritarios. También se están desregulando muchas actividades y debilitando las instituciones gubernamentales de protección del consumidor, de la sanidad y de la salud alimentaria. 

Todo esto no ha tenido efecto, por ahora sobre el interés de los inversionistas en inversiones responsables, por lo menos en el corto plazo, en los mercados secundarios de valores y fondos. El mercado primario sí está sintiendo lo efectos de la posposición de proyectos y emisiones de valores, en gran parte por la incertidumbre regulatoria que afecta a EE. UU. Pero en Europa ambos mercados se pueden beneficiar al atraer recursos que buscan mayor certidumbre política y confianza en la sostenibilidad de las inversiones.  

Impacto en Europa 

El impacto sobre la sostenibilidad en Europa ya se había sentido antes de su elección vía el informe Draghi, que usó como uno de sus principales argumentos para la promoción de la competitividad la necesidad de imitar la ligera carga regulatoria de EE. UU. y China. Uno de los argumentos fue que la regulación sobre sostenibilidad tenía un impacto negativo sobre la competitividad, que si bien tiene algo de razón es posiblemente uno de los aspectos de la actividad económica que afectan la competitividad con menor impacto, pero que ofrece mayores posibilidades de cosechar dividendos políticos fáciles. Esto condujo al famoso “Ómnibus” de la desregulación en responsabilidad empresarial, que incluye la posposición y reducción del ámbito de aplicación de las directivas sobre información sobre sostenibilidad, CSRD, de diligencia debida sobre las actividades de sostenibilidad, CSDDD, simplificación de la taxonomía verde, reducción de requisitos para la transición climática y para las inversiones tipificadas como sostenibles, entre otros.  Esto tendrá mas impacto sobre la forma que sobre el fondo de la sostenibilidad empresarial. 

Lección aprendida 

Una lección aprendida de todo esto, que ya conocíamos pero que no se apreciaba lo suficiente: el estado tiene un gran poder económico que se puede usar para el bien y para el mal.  Ojalá imitáramos aquel poder, pero para el bien, para exigir a las instituciones, empresas y gobiernos a fomentar la sostenibilidad empresarial en particular y la ambiental en general, aunque en Europa tengamos los controles institucionales que Trump no tiene.