Un ensayo tecnológico realizado en Australia y cuyos resultados preliminares se revelaron este viernes demostró que hay sistemas «robustos y eficaces» para aplicar un veto en las redes sociales a los menores de 16 años y cumplir con la ley aprobada por el país oceánico, que entrará en vigor en diciembre.
«La verificación de edad es posible», subraya el informe divulgado por Age Assurance Technology Trial, la organización independiente contratada por Camberra, que confirma la existencia de varios métodos para asegurar que los menores no accedan a plataformas sociales.
Según el documento, aún preliminar, «no se han detectado limitaciones tecnológicas sustanciales» que impidan aplicar la norma, cuyo objetivo es impedir que los menores de 16 años tengan perfiles en redes como Facebook, Instagram, TikTok, X o Reddit.
La legislación prevé multas de hasta 32,5 millones de dólares (30,7 millones de euros) para las plataformas que no cumplan. Sin embargo, YouTube queda excluido por considerarse de bajo riesgo y no habrá sanciones para los usuarios individuales.
Los hallazgos refutan las dudas planteadas por varias tecnológicas, especialmente X, que alegaron que la ley podría contradecir tratados internacionales y normas sobre derechos humanos suscritos por Australia.
Tony Allen, director del proyecto, concluye que las soluciones son «técnicamente viables» y pueden integrarse con flexibilidad en los servicios existentes.
«Aunque hay múltiples opciones adaptables, aún no existe una solución universal que garantice eficacia total», indican los responsables del estudio, que seguirá en curso hasta fin de año.
La cadena pública ABC informó que el software de estimación facial alcanzó una precisión del 85 %, con un margen de error de hasta 18 meses en la edad estimada.
Los sistemas, según el informe, son seguros frente a suplantaciones e IA generativa, pero los expertos advierten que, debido a la rápida evolución del entorno digital, «deben ser monitoreados y mejorados de forma constante».
La ley contempla también eliminar las cuentas de menores ya existentes y reforzar la protección frente al acoso y los riesgos para la salud mental.
