Desde el principio de la crisis económica que ha causado la pandemia, el Gobierno español ha esquivado la posibilidad de acudir al MEDE, el instrumento europeo de rescate para países en apuros. En un primer momento se palpaba el temor siquiera a pronunciarlo, aunque a mediados de mayo se vislumbraba que era posible, aunque dependía de la magnitud del Fondo de Recuperación, que se ha dado a conocer este 21 de julio.
Desde el Ministerio de Economía se explicaba que acudir o no a un rescate como el que sufrieron Portugal y Grecia en su momento dependería de cuánto dinero pudiera obtener el estado por otras vías. Las condiciones que se impusieron a estos dos países llevaron a España y a otros países a proponer un plan alternativo, lo que condujo a Alemania y Francia a recoger el guante.
Como publicó DIRIGENTES, habrá supervisión del resto de países miembros, pero las condiciones para recibir las transferencias y préstamos son muy distintas de las que se imponían al acudir al MEDE. Ahora, se pide que los planes nacionales respeten las recomendaciones de la Comisión Europea, junto al foco en la transición digital y ecológica. Asimismo, si un país o varios identifican que se están produciendo “desviaciones graves” en la aplicación de dichos planes, pueden solicitar un debate sobre ello en el Consejo Europeo.
En todo caso, tanto Italia como España tuvieron que tomar una postura menos exigente, dado que una ruptura de las negociaciones les llevaba a tener que buscar el dinero en otra parte. En el caso de España, se necesitaban 130.000 millones de euros. De modo, que esa urgencia influyó en que se acabara aceptando reducir las transferencias desde los 500.000 millones de euros hasta los 390.000 millones, porque lo contrario habría sido retrasar un acuerdo y agravar las dificultades presupuestarias.
De esa cantidad, España espera contar con 140.000 millones de euros, la misma cantidad que con la anterior propuesta, si bien el hecho de que los 750.000 millones del plan se distribuyan de manera distinta, también han influido en su reparto. Así, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que las transferencias directas alcanzarán los 72.700 millones de euros, y 67.300 serán préstamos. De esa cantidad, el 70% llegará a España en 2021 y 2022, y la parte restante, en 2023.