Las generaciones actuales asisten a una crisis sanitaria, un atributo que no tenían ninguna de las crisis anteriores. La respuesta ha sido similar por parte de los gobiernos mundiales, que han tratado de parar el golpe en sus sistemas de salud y, después, se han afanado en proteger a los sectores más desfavorecidos, dada la paralización de la actividad con su correspondiente impacto en las empresas y el empleo.
Dicha respuesta ha movilizado recursos prácticamente sin medida por parte de las administraciones públicas que, en el caso de España, se calcula que alcanza los 145 mil millones de euros, un 11,6% de su PIB. De momento, para el presidente del Consejo General de Economistas (CGE), Valentí Pich, “es seguro que una parte importante de la población no recibe ayuda”. “No podemos permitirlo”, afirma a DIRIGENTES.
En el mismo sentido se expresa Stella Raventós, presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), quien explica que se trata de “un momento excepcional y los gastos serán excepcionales”. En esa línea, cree que “si hay familias que no tienen ningún ingreso, buscan empleo y no lo encuentran, alguna medida hay que tomar”.
No hay más que ver el nombre del Real Decreto publicado en vigor este miércoles, que lleva por apellido “de medidas sociales en defensa del empleo”. “Es la prueba del algodón de la magnitud del desastre que tenemos”, comenta Pich. No obstante, aunque cree que “es el momento de gastar y superar esto”, asistiremos a un periodo en el que “van a venir sacrificios de todos”.
En ese sentido, puesto que se requerirán esfuerzos de todos, Pich señala directamente a las Administraciones Públicas. “Antes de plantear subidas de impuestos, es bueno que se plantee una reordenación de las Administraciones Públicas”, reflexiona, acerca de la última propuesta de Podemos que ha salido a la luz. Raventós coincide en señalar que “hay que reducir el gasto”, puesto que en España es “excesivo” y, sobre todo, orientarlo a materias esenciales como las pensiones o el ámbito sanitario.