En 2022, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución histórica que declara el acceso a un ambiente limpio, sano y sostenible como un derecho humano.

Si bien este derecho ya estaba reconocido en sistemas regionales como el Sistema Interamericano o el Sistema Africano, fue finalmente consagrado por el llamado Sistema Universal de Derechos Humanos. Asimismo, más de 80 constituciones nacionales en el mundo reconocen este derecho.   

Por su parte, los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (PRNU), que son el estándar más globalmente aceptado en la materia, incluyen a todos los derechos internacionalmente reconocidos, y el derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible es parte ahora de esta colección. Es decir que, cuando hablamos de empresas y derechos humanos, no podemos obviar lo ambiental. 

¿Qué significa esto para las empresas en la práctica? 

En principio, significa que, tal y como lo establecen los PRNU, las empresas tienen una responsabilidad independiente de respetar este derecho. Esto es, que más allá de si está o no regulado en un país en particular o si un Estado no tiene la capacidad de proteger el ambiente, el sector privado debe hacer esfuerzos suficientes para evitar generar impactos adversos. 

Como hemos comentado en columnas anteriores, una herramienta clave para que las empresas identifiquen sus posibles impactos en derechos humanos y los mitiguen, es la debida diligencia. Esto les permitirá tener un enfoque de prevención de riesgos y cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos. 

Si bien en muchas jurisdicciones es obligatorio para ciertos sectores productivos presentar evaluaciones de impacto ambiental, éstas no tienen, por regla general, una perspectiva de derechos y en muchos casos suele verse como un trámite administrativo para acceder a permisos o licencias de operación. 

La debida diligencia en derechos humanos, en cambio, es un proceso participativo, donde la voz de las comunidades y personas potencialmente afectadas debe ser tomada en cuenta, y en el que las empresas pueden identificar cuáles son los riesgos más probables para poder prevenirlos. Contemplar el derecho a un ambiente sano en estos procesos, y lo que ello significa para las personas, será fundamental. 

En la práctica entonces, las empresas comprometidas en operar de manera responsable y sostenible deberán llevar a cabo este proceso para identificar, prevenir, mitigar y abordar los impactos adversos, potenciales y reales, de sus operaciones analizando posibles afectaciones ambientales y sus consecuencias en las poblaciones de sus áreas de influencia, así como en toda su cadena de valor.

Abordaje consciente

Esto implica mapear la huella ambiental (emisiones, uso de recursos, generación de residuos, entre otros) y analizar las posibles vulneraciones de derechos humanos (condiciones laborales, impacto en comunidades, derechos indígenas, entre otros) y cómo éstas podrían estar vinculadas.  

Por ejemplo, si una empresa opera una fábrica que tiene emisiones contaminantes al ambiente, en su proceso de debida diligencia en derechos humanos no se centrará solamente en contabilizar las emisiones y pensar cómo reducirlas, tal vez a través de mejorar los filtros de sus chimeneas para aminorar ese conteo.

También considerará cómo esas emisiones pueden afectar, entre otros, la salud de las personas, o sus cultivos y por tanto su acceso a alimentos y su economía local, y tendrá que establecer medidas de prevención que les permitan a esas comunidades acceder a un ambiente sano y limpio.  

Asimismo, en un contexto de crisis climática y pérdida de biodiversidad, las empresas deberían repensar su modelo de negocios para reducir su huella ambiental, proteger la naturaleza y por tanto contribuir a un ambiente sostenible, en el cual la vida sea sostenible. La debida diligencia es un enfoque proactivo por definición, y no reactivo a los requisitos legales en cada país. 

Un marco robusto de debida diligencia en derechos humanos puede ser  una herramienta muy efectiva para la prevención pero para eso debe ir más allá del cumplimiento legal y establecer un compromiso ético, con las personas y el ambiente, así como una ruta técnica para su abordaje.

Además, contribuye a reducir los riesgos reputacionales, legales y financieros para la empresa, a la vez que se fortalece la confianza de los inversionistas, clientes, consumidores, comunidades y otros actores de interés. 

El derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible se ha convertido en un derecho internacionalmente reconocido. Es importante para las empresas, por lo tanto, tenerlo en cuenta en sus compromisos en derechos humanos, en sus políticas internas y en la debida diligencia.  

El 22 de abril conmemoramos el Día de la Tierra y el 22 de mayo el Día Internacional de la Biodiversidad. En ese contexto, en el que celebramos la naturaleza y lo que ella nos da, resulta ineludible plantear que sostener los negocios debe pensarse siempre en clave de sostenibilidad ambiental y de un futuro digno para todas las personas.