En los últimos meses, el sector de las criptomonedas ha vivido una intrusión gubernamental sin precedentes. Las relaciones entre las instituciones públicas y las criptomonedas han trascendido el ámbito meramente regulatorio, pasando a convertirse en herramientas de rédito, ya sea económico o publicitario.
En lo que llevamos de año, varios presidentes han lanzado su propia criptomoneda: Donald Trump (presidente de Estados Unidos), Javier Milei (presidente de Argentina), Faustin-Archange Touadéra (presidente de la República Centroafricana) y Wayne Panton (presidente de las Islas Caimán) se han sumado a esta nueva corriente. Todos ellos han utilizado sus redes oficiales como canal de difusión para publicitar estos activos.
El caso LIBRA
Uno de los casos más controvertidos ha sido el del presidente de Argentina con su criptomoneda LIBRA. Este token tenía como objetivo captar inversión para financiar proyectos de empresas argentinas y fue publicitado en la red social X por el propio mandatario. Su desarrollo estuvo a cargo de la empresa KIP Protocol INC.
El punto crítico llegó cuando los creadores del token, junto con los insiders del proyecto, comenzaron a vender de forma masiva sus posiciones en LIBRA. Esta sobreoferta generó una abrupta caída en su precio, que pasó de 4 dólares a 0,11 dólares en apenas unos días. Como resultado, miles de inversores minoristas se vieron gravemente afectados, mientras que los creadores del criptoactivo obtuvieron ganancias millonarias en apenas unas horas.
A raíz de estos acontecimientos, surge una pregunta clave.
¿Es legal crear una criptomoneda? ¿Existe un marco regulatorio claro en este aspecto?
En el último año, la proliferación de las llamadas «criptomonedas meme ha sido» una constante. Estos activos sin una utilidad aparente están ligados a personajes públicos o eventos, y su valor fluctúa en función de su popularidad en el mercado. Su reciente auge se ha visto impulsado por plataformas como Pump.fun, que permiten crear una criptomoneda sin conocimientos técnicos y por menos de 5 dólares.
Actualmente, crear una criptomoneda a través de cualquiera de estas plataformas es completamente legal y no requiere ningún requisito previo. La clave en los tokens meme radica en su método de financiación. Al no realizarse una ICO (Initial Coin Offering) con el fin de recaudar fondos para un proyecto, su emisión no está sujeta a regulaciones estrictas. Simplemente se crea el token, se le asigna liquidez y su desarrollador retiene parte del suministro total.
¿Qué dice la regulación sobre este fenómeno?
La reciente aprobación del reglamento MiCA en la Unión Europea busca establecer requisitos para los proyectos que pretendan financiarse mediante la emisión de criptomonedas. Entre estas normativas destacan:
- Identificación obligatoria de los compradores a través de un proceso KYC (Know Your Customer).
- Presentación de un white paper que explique la distribución del token y otros aspectos clave del proyecto.
- Obligación de que los emisores sean personas jurídicas.
Sin embargo, esta normativa parece dejar fuera a las criptomonedas sin utilidad que no busquen recaudar fondos. Esto abre un vacío legal en el que los tokens meme podrían quedar al margen de cualquier tipo de control.
Posibles delitos: uso de información privilegiada y manipulación de mercado
Otro punto relevante a considerar es la posible utilización de información privilegiada por parte de los insiders del proyecto. En el caso de LIBRA, si se prueba que los desarrolladores adquirieron grandes cantidades del token antes de su anuncio oficial, con la certeza de que el respaldo del presidente impulsaría su precio, estaríamos ante un caso de uso de información confidencial para la obtención de un beneficio.
Por otro lado, existe la posibilidad de que el propio presidente hubiera incurrido en un delito de manipulación de mercado. Esta práctica tiene lugar cuando se difunde información sobre un activo con la intención de aumentar su precio para posteriormente venderlo antes de que su precio caiga. Suele desarrollarse en un corto periodo de tiempo y este fenómeno es conocido como «pump and dump».
Estos delitos se encuentran regulados en el Código Penal español, así como en la Ley del Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión. Aunque la mayoría de países cuentan con normativas similares.
Conclusión
Habrá que esperar a que las autoridades se pronuncien sobre este tipo de prácticas para analizar los por menores de cada caso. Lo que parece claro es que, aunque el marco legal actual no pueda sancionar con contundencia estas acciones, existe un evidente dilema moral respecto a la publicidad de estos activos, y en particular, cuando esta promoción es ejercida desde la cuenta oficial del máximo representante público de un país.