Las posiciones de los países europeos para afrontar la crisis del coronavirus reeditan las discusiones de la anterior crisis. En el sur, un bloque que capitanean España e Italia con el apoyo de Francia y Portugal, entre otros. Estos países, los más afectados por los contagios en el continente, piden una respuesta común en la que todos los miembros se solidaricen.
En el rincón opuesto del ring, Alemania y Países Bajos rechazan ligarse a España e Italia para emitir deuda de manera conjunta. Este enfrentamiento se hizo patente en la última reunión del Consejo Europeo, en el que tanto el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como su homólogo italiano, Giuseppe Conte, pararon los pies de sus colegas europeos porque la respuesta comunitaria era insuficiente. De ese debate surge el que ha celebrado el Eurogrupo, implicando a los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea.
Las dos semanas que han mediado entre las dos reuniones han dejado propuestas alternativas a las que pedían Sánchez y Conte. A saber, los gobiernos italiano y español solicitaban la puesta en marcha de un instrumento de deuda común, los conocidos «coronabonos», para obtener financiación y que los países más afectados no sufran unos intereses excesivos. Por otro lado, reclaman la estructuración de una «financiación específica» en los presupuestos comunitarios para 2020 y 2021.
Los intentos de Berlín para disuadir a Sánchez consistieron en pedir calma y advertir de que no aceptaría la emisión de los coronabonos, además de explicar que el fondo de rescate (MEDE) estaba a disposición de quienes lo necesitaran. No obstante, las condiciones para acceder a dichos fondos frenan a los dirigentes italianos, ya que sería aceptar un control como el que sufrieron Grecia y Portugal. En respuesta, tanto Alemania como Países Bajos aceptan que pueda facilitarse el acceso mediante una relajación de las condiciones y el control europeo.
Otra medida ideada por la canciller alemana, Angela Merkel, es la de disponer un paquete de préstamos a través de la Comisión Europea. En total, este mecanismo que pondría en marcha el organismo dirigido por Ursula von der Leyen tiene una cuantía de medio billón de euros (500 mil millones de euros). No obstante, la propuesta consta de tres niveles distintos.
