Actualmente estamos observando una cercanía cada vez más evidente entre el Estado, particularmente los gobiernos, y el sector privado. Empresarios que se vuelven funcionarios y viceversa. Personas de negocios en ceremonias oficiales de gobierno. Cabilderos abogando por leyes para favorecer ciertas agendas privadas. ¿Cuál es la distancia óptima entre el sector público y el privado? En esta columna exploraremos el nexo Estado-empresas.

Para comenzar vale la pena recordar algunas obligaciones estatales clave. Por una parte, el Estado es lo que llamamos el sujeto garante de los derechos humanos, es decir, que está obligado a promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de todas las personas que habitan su territorio. Asimismo tiene obligaciones extraterritoriales, para con sus ciudadanos fuera del país y para con personas de otros países cuyos derechos son afectados por actores originarios de aquel Estado.

En el contexto de la agenda de empresas y derechos humanos, esto significa que el Estado debe asegurar:

1) que las empresas operando en su jurisdicción, es decir dentro de sus fronteras, respeten los derechos humanos, cualquiera sea su origen.

2) que las empresas domiciliadas en el país respeten los derechos humanos también cuando operan en otras jurisdicciones.

3) que se provean reparaciones adecuadas cuando hay afectaciones vinculadas a la actividad empresarial.

Por otra parte, el Estado también es un actor económico. Según los Principios Rectores de la ONU de Empresas y Derechos Humanos (PRNU), las empresas estatales o de participación estatal deben liderar con el ejemplo. Es decir, que deben ser las primeras en asegurar que sus operaciones no generan impactos negativos en los derechos humanos. De igual modo, ese liderazgo debe plasmarse en los procesos de compras y contrataciones públicas, es decir, cuando los Estados contratan servicios o adquieren bienes con privados. Las empresas proveedoras deben, por lo tanto, cumplir con estándares de derechos humanos.

Además, el Estado es el regulador de la actividad productiva. Es el poder legislativo el que crea leyes en la materia y es el ejecutivo el que las aplica. Así, el gobierno tiene un contacto permanente con el sector privado, para el otorgamiento de permisos, licencias, concesiones, para recolectar impuestos, así como para promover la inversión. Y son el gobierno por vía administrativa y el poder judicial por vía de sentencias, quienes definen sanciones para las empresas cuando incumplen con sus obligaciones.

Considerando estas obligaciones, ¿cómo debería ser el vínculo entre el Estado y las empresas?

El sector privado es un actor fundamental para la economía de cualquier país. Genera empleos, paga impuestos, y desencadena movimientos económicos que son centrales para el crecimiento y desarrollo. En ese sentido, el diálogo entre el Estado y el empresariado es importantísimo. Sin embargo, en los últimos años han aumentado algunas prácticas problemáticas.

Por un lado, el cabildeo empresarial ha crecido signficativamente, en muchos casos sin ningún tipo de regulación y transparencia. Si bien es legítimo que el sector privado se vincule con el Estado en conversaciones sobre las cuestiones importantes del país, y las empresas deben participar en diálogos y consultas públicas al igual que otros grupos de interés, la forma que ha tomado este lobby corporativo en años recientes es preocupante, dado que ha abogado por retrocesos en protecciones ambientales, de derechos humanos y de acceso a la información. Esto es lo que llamamos interferencia indebida de las empresas, y es contradictoria a los PRNU.

Asimismo, el financiamiento de campañas políticas, si no es regulado adecuadamente, puede ser utilizado como herramienta de presión para las personas electas a cargos públicos. Esto incluye funcionarios de gobierno y congresistas. También ha aumentado la presión de las coporaciones sobre el sistema de justicia.

Finalmente la puerta giratoria, este fenómeno en el cual una persona funcionaria pública pasa al ámbito privado, o viceversa, dentro del mismo sector y sin un periodo de enfriamiento, genera conflictos de interés. Por ejemplo, si un regulador en el ministerio de energía pasa a una empresa petrolera, o al revés, se lleva consigo información privilegiada, contactos, y oportunidades, que podría utilizar para favorecer los intereses de sus empresas o sus aliados comerciales. En el caso opuesto, si por ejemplo un empresario tecnológico pasa al ministerio de ciencia y tecnología o la institución reguladora del sector, podría abogar por la desregulación, la flexibilización, e incluso otorgar contratos públicos a empresas de su entorno directo. Es necesario entonces desarrollar normativas claras sobre conflicto de interés y evitar estas puertas giratorias.

Entonces, si tomamos en cuenta las obligaciones estatales, el rol de las empresas y sus responsabilidades, y las prácticas problemáticas arriba detalladas, es clara la importancia de que la participación de las empresas en asuntos públicos sea transparente, esté debidamente regulada, y esté alineada con los derechos humanos. Por ello, el Estado debe desarrollar normativas en la materia, y las empresas deben realizar debida diligencia en derechos humanos para sus actividades de vinculación gubernamental y legislativa, con el fin de entender los riesgos, prevenirlos, y asegurar que están cumpliendo con sus responsabilidades.