Está cundiendo el pánico en muchos sectores empresariales como consecuencia de la guerra desatada por al gobierno de EE. UU. contra las actividades denominadas DEI, Diversidad, Equidad e Inclusión, tanto en las administraciones públicas centrales que controla, como en las empresas privadas, administraciones locales e instituciones (incluyendo universidades) que pueden ser chantajeadas por el gobierno con la reducción de sus aportes o contratos.  Esto es mucho más visible en el caso de la DEI, pero aplica igualmente a las actividades tipificadas como ASG en general (lo que se ha dado en llamar el movimiento anti-ASG). Y aunque puede parecer algo muy específico a los EE. UU., no es de descartar que haya contagio en otros países.

Además de eliminar las actividades, despedir a mansalva al personal involucrado, se han tenido que eliminar todas las menciones directas o indirectas en los canales de información de la administración pública. Muchas empresas e instituciones, que han tenido visibilidad en ente sentido se han visto forzadas a hacerlo también.  Y lo que es más grave, a tener que anunciarlo públicamente.

Pero aquellas que no han tenido esa visibilidad de sus programas han optado por el greenhushing (ecosusurro), no mencionarlo y mucho menos alardear, pero seguir con sus programas, en algunos casos sin alteraciones, en otros casos adecuando al lenguaje para que no parezca favoritismo a sectores de la población, sino sencillamente una política que es favorable a los intereses de las empresas e instituciones (¡pero nada de «cuotas»!).

Son pocas las que han continuado con programas visibles y se enorgullecen de ello. Ante las presiones, una de ellas llego al extremo de someter a la Asamblea General de Accionistas, con mucha cobertura mediática, una resolución para continuar con sus programas DEI. Hasta ahora ha resistido los embates.

En cierta forma se ha presentado un problema de nombres. No habría tanta reacción negativa si en vez de hablar de tener una fuerza laboral diversa, se destacara la necesidad de aprovechar al máximo «las capacidades y ventajas comparativas» de ciertos integrantes del mercado laboral. Ya no se trata de equidad, se trata de justicia laboral. Lo que se debe promover no es la diversidad de género, sino la diversidad de aptitudes. Los géneros son iguales, las aptitudes son diferentes y ambos grupos son necesarios para gestión eficiente y efectiva de las empresas, se potencian unas a las otras: hay sinergia.

Es fácil oponerse a medidas que favorezcan a algunos colectivos, es mucho más difícil oponerse a la «gestión de riesgos y oportunidades en la fuerza laboral».

No hace falta destacar que esto es una guerra ideológica, sin fundamentos racionales, parte del movimiento anti-ASG.  Se han querido presentar los programas DEI como si se tratara de programas, no de inclusión, sino de discriminación, en este caso de «discriminación inversa» contra los hombres blancos, interpretándolos como programas específicos, con sesgos, para favorecer a la mujer y a las minorías y equiparar condiciones laborales, más allá de la neutralidad, cuando en realidad los promotores los veían y ven como un instrumento para corregir «discriminaciones históricas», que han sufrido algunos segmentos de la población, no de hacer justicia, sino de corregir errores.  

Los opositores quieren promover una supuesta meritocracia, como si esta fuera perfecta y universalmente buena. Una meritocracia no es justa en entornos con inequidad, con grandes diferencias de oportunidades. A lo mejor lo sería si el mundo comenzara de cero y con toda las personas en igualdad de condiciones y capacidades, si no hubiera historia.

Y para un gran numero de las empresas que se han «retirado», ello representa un retiro táctico, no estratégico, de corto plazo mientras pasa el vendaval. Y mientras tanto viene el ..

… Greenhushing positivo al rescate.

El greenhushing, el reportar solo lo indispensable, surgió y se extendió por razones prácticamente contrarias.  Muchas empresas reportaban actividades de responsabilidad y establecían metas de mejora. El deseo era la diseminación de información que pudiera ser de interés para los stakeholders y crease una opinión favorable para la empresa. Pero ello conllevaba cuestionamientos, tanto sobre la veracidad de la información (greenwashing), como la exigencia del cumplimiento de las metas ofrecidas. Ante los riesgos legales, muchas empresas optaron por reportar el mínimo necesario (greenhushing negativo) y comprometerse a metas, o ya logradas, o fáciles de logar (targetwashing), para evitar problemas.

Pero ante la fiera oposición en EE.UU. y el contagio en algunas otras partes, las empresas responsables están recurriendo al greenhushing positivo, a llevar a cabo actividades de responsabilidades en esta área, pero sin reportarlo, tratando de mantenerse por debajo del radar, y a utilizar denominaciones alternativas que no llamen tanto la atención. Por esta razón de menos información pública, será difícil apreciar la extensión de este comportamiento, no les conviene alardear, pero será la estrategia de las empresas con visión de largo plazo.