Este mes de marzo las gestoras de fondos han subido el primer escalón de la regulación que la Unión Europea está elaborando sobre la Inversión Socialmente Responsable (ISR). Si bien en los próximos meses se irá desplegando una hoja de ruta que marque un nuevo camino, el primer paso en firme ya se ha producido. Este mes las gestoras tienen que hacer pública su estrategia de inversión bajo los criterios Ambientales, Sociales y de Gobierno corporativo (ASG). En el documento desvelan si consideran o no los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión y cómo lo hacen. “Este documento requiere un gran esfuerzo para las gestoras en muy poco tiempo”, asegura Susana Peñarrubia, responsable de integración de ASG de DWS. Además, este documento no estará fijo, sino que irá actualizándose según las exigencias de Bruselas.
De manera inminente, las gestoras de fondos europeas van a tener que hacer públicas sus políticas de integración de los riesgos de sostenibilidad en los procesos de inversión y divulgar información sobre cómo están clasificados sus respectivos fondos en función del grado de involucración de la ASG en los productos. “Efectivamente, nuestros expertos en la materia señalan que la regulación va a avanzar en estos dos frentes: a nivel de entidad y a nivel de producto”, señala Sophie del Campo, directora general de Natixis IM para Iberia, Latam y US Offshore.
El reglamento de divulgación, que es la primera piedra del edificio regulatorio, lo que hace es “decirte cómo vas a tener que contar lo que haces”, comenta Marisa Aguilar, directora general para España y Portugal de Allianz GI. “A lo que obliga es a que digas cómo introduces los riesgos de sostenibilidad a nivel corporativo en tus procesos de inversión, te obliga a tener una política en la adopción de los riesgos de sostenibilidad en los procesos de inversión, te obliga a tener en cuenta los principales impactos adversos en el ejercicio de tu actividad como gestora de activos en una serie de indicadores climáticos y sociales y, por último, te obliga a tener una política de remuneración de tus equipos directivos para que esté alineada con esta adopción”, explica Aguilar. A nivel producto este documento de divulgación también influye en lo que se debe contar sobre ellos precontractualmente. “En definitiva, tendremos que contar por qué y cómo se integran o por qué no se integran en cada uno de los productos”.
La regulación solo acaba de empezar
Si bien este es el primer paso, no es el único. Todo ello se enmarca en el plan de la Unión Europea para añadir transparencia y control sobre la inversión sostenible. Un plan que afectará tanto a las gestoras, como a las compañías cotizadas. Por tanto, es necesario entenderlo como un nuevo marco dentro de la inversión porque desde la Comisión Europea se exigirá realizar un análisis sostenible y añadirlo al análisis financiero. Por ello, las empresas tendrán que informar sobre su impacto climático, social y prácticas internas y las gestoras también tendrán que dar más transparencia a sus decisiones de inversión y a la integración de la sostenibilidad.
“Otro aspecto en el que se centran los reguladores es la clasificación de los productos; entre los ‘NO-ASG’, que no cumplirían con los criterios sociales (“S”), ni de medioambiente (“A”); y los que se encuentran se ajustan a los criterios. Los productos bajo el ASG serán etiquetados como tal al invertir en una actividad económica que contribuya a un objetivo ambiental o social, siempre que la estrategia no perjudique significativamente ninguno de esos objetivos y que las compañías participadas sigan prácticas de buen gobierno”, comenta del Campo. Toda esta normativa está centrada en conseguir que en 2050 Europa consiga emisiones cero. “Con el sector público no se iba a conseguir y se necesita del sector privado para lograr la meta, por eso esta regulación que está desplegándose tiene mucho sentido y creo que será positiva”, afirma Marisa Aguilar. El Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, que se lanzó en 2018 y que es donde se encuadran todas estas medidas, “busca regular los flujos de los fondos hacia una economía más sostenible y, por otra parte que el sector financiero integre en su actividad los riesgos sostenibles. De hecho, los bancos centrales ya hacen test de estrés sostenibles. Por último, también se busca ampliar la transparencia”. La Unión Europea sigue un calendario legislativo para los temas e iniciativas relacionados con ASG y las siguientes novedades no las tendremos hasta finales de este año. Para este 2021 “prevemos la publicación definitiva de la Taxonomía”, asegura Antonio Royo-Villanova, especialista en productos de gestión pasiva y especialista en ASG para DWS. La taxonomía tiene como objetivo la clasificación unificada de las actividades económicas consideradas como sostenibles para el desarrollo de productos financieros y que también conllevará una mejor transparencia para facilitar a los inversores comparar entre diferentes proveedores. “En resumen, la taxonomía ayudará a una mejor comprensión y entendimiento de los fundamentos de inversión sostenible. Y por último también esperamos actualizaciones en Mifid II”, añade Royo-Villanova. La taxonomía es el siguiente paso que se dará en materia de regulación y lo que pretende hacer es que las compañías cotizadas tengan que anunciar, al igual que hacen con sus resultados financieros, los riesgos no financieros. Es decir, deberán informar sobre el impacto ambiental y social, entre otras cosas. “Tanto las empresas, como las agencias de rating tendrán que contemplar estos riesgos no financieros en el futuro e informar sobre ello regularmente”, añade Peñarrubia. Sin embargo, la famosa taxonomía es algo que todavía está por definir y que, como se ha mencionado, no se espera que esté disponible hasta finales del presente año. Los expertos coinciden en señalar que la regulación será algo positivo porque dotará de mayor transparencia a la inversión y se evitará el ‘greenwashing’ (un término utilizado cuando se lanza un producto aparentemente respetuoso con el medioambiente, pero que en realidad no lo es). “Creemos que el reglamento crea un nuevo escenario competitivo para los inversores. Eso es positivo para el sector y la sociedad en general, ya que buscamos inversiones más sostenibles y presionamos a las empresas para que sean más sostenibles”, comenta Archie Beeching, director de inversiones responsables, Muzinich & Co. Sin embargo, “estas intervenciones en el mercado provocan inicialmente costes de adaptación y posiblemente también asignaciones erróneas porque los precios ya no reflejan correctamente las oportunidades y los riesgos. Inicialmente, la taxonomía se centra en particular en las actividades que cumplen los objetivos climáticos de la UE. Si la voluntad política guía los flujos de capital, los sectores económicos que no entran en la lista positiva podrían desaparecer. Aunque la taxonomía no diga a los participantes en el mercado financiero en qué invertir, sí influirá en sus decisiones”, advierte Bert Flossbach cofundador y CEO de Flossbach von Storch AG. Pero, “nuestra esperanza es que la taxonomía lleve a las empresas a publicar más y mejor información sobre sostenibilidad, facilitando el análisis de las empresas en cuestión”. El Plan de Acción de Finanzas Sostenibles no solo afecta a gestoras, compañías cotizadas y otras entidades financieras, sino también al cliente final. Tal y como esperan los expertos, se espera que Mifid II sea modificado para añadir una nueva pregunta sobre las preferencias de sostenibilidad de los inversores. “Cuando esto se produzca y se añada una pregunta al inversor final, las gestoras tendremos que ofrecer productos de inversión que se adapten a estas preferencias”, comenta Aguilar. Aunque los objetivos medioambientales deben, y son globales, es la Unión Europea la que más ha avanzado en materia regulatoria. China ya ha asegurado que espera lograr emisiones cero para el año 2060 y Estados Unidos, a falta de confirmación oficial, podría fijar la meta en 2050. Por tanto, es probable que estas regiones sigan un camino similar al que ha empezado a andar Bruselas. “Es estupendo que Europa haya tomado la delantera, pero creemos que para crear un cambio significativo necesitamos que otras regiones pongan en marcha una regulación similar, si no la misma”, señala Beeching. “Actualmente nos encontramos que hay gran diversidad de opiniones en cómo desarrollar y promocionar la Inversión Responsable. Pensamos que contar con definiciones comunes y desarrollos multi regionales ayudará a un mejor entendimiento e implementación de las políticas ASG a nivel global”, explica el especialista de DWS. Precisamente, el hecho de que la Unión Europea lleve la delantera es positivo, según los expertos consultados, pero hay un riesgo regulatorio. El riesgo se encuentra en que, “aunque razonable que cada región quiera crear sus propias normas y centrarse en diferentes temas de sostenibilidad, el efecto será más débil si esas normas son amplias y las empresas deciden ‘desviar’ sus impactos ambientales o sociales negativos a regímenes más débiles, de la misma manera que podrían hacerlo con las obligaciones fiscales”, puntualiza el director de inversiones responsables, Muzinich & Co. En resumen, el aspecto regulatorio de la inversión sostenible acaba de echar a andar, aunque el plan de acción se crease en 2018. Por tanto, todavía queda muchas incógnitas por resolverse y muchas nuevas normas que desarrollar para adaptar los productos al inversor final. Pero, además, será necesario observar qué hace el resto de regiones en los próximos años, ya que pueden tomar el camino marcado por Bruselas u optar por otro tipo de regulaciones. 2021-03-23 22:46:40
La taxonomía
¿Cómo afectará a las gestoras en la práctica?
¿Y a los inversores?
La Unión Europea, a la cabeza
