La estabilidad política viene amenazando a las empresas y los negocios desde 2015, fecha en que las nuevas fuerzas fragmentaron el espectro y dejaron un panorama difícil de gobernar. Desde entonces se han sucedido cuatro elecciones en cuatro años, con la doble repetición que se produjo en 2015 y, de nuevo en este 2019.
Se trata de un asunto que preocupa a las empresas y también a los reguladores. No solo porque los distintos gobiernos han carecido hasta ahora de la fortaleza suficiente como para obrar en un sentido o en otro, sino porque mientras se forman y desfiguran las mayorías para dar vida a un nuevo ejecutivo, se desatienden las reformas que reclama la economía.
El último organismo en advertir de este hecho ha sido el Banco de España. En sus últimas proyecciones macroeconómicas del año, el organismo supervisor mantuvo sus expectativas en que la economía española crecerá un 2% durante este 2019, y mantendrá el crecimiento esperado durante los años siguientes (1,7% en 2020, el 1,6% en 2021, y el 1,5% en 2022).
Así, el BdE confirma la ralentización de la economía, si bien no deja entrever que tenga que cundir el pánico, dado que el PIB español seguirá creciendo más que el de los comparables europeos. Sin embargo, los riesgos que apunta el Banco de España adolecen de un cariz político y no económico.
En el ámbito nacional, «persiste la incertidumbre» acerca de cuáles serán las políticas que llevará a cabo el próximo gobierno. En particular, el BdE señala sus dudas acerca del «proceso de consolidación fiscal». Asimismo, se explica que la resistencia del sistema económico se vería favorecida si se llevaran a cabo «reformas estructurales».
