La pandemia de coronavirus está provocando un gran shock en las economías mundiales, con consecuencias socioeconómicas muy severas. Pese a la respuesta política de los diferentes países, la crisis ya es un hecho y se trata de «una recesión profunda y desigual y una recuperación incierta», según el pronóstico reflejado por la Comisión Europea en su último informe. Desde Bruselas apuntan que el impacto en la zona del euro será de media un 7,7% en 2020. El comisario Europeo de Finanzas, Paolo Gentiloni, habla de un efecto económico «sin precedentes desde la Gran Depresión» y apela a la acción europea «conjunta y decisiva» para mitigar sus consecuencias.
En lo que respecta al mercado laboral, ya lo expresaron desde la institución europea: aquellos países con trabajadores con contratos temporales y aquellos donde la fuerza laboral depende del turismo son «particularmente vulnerables». Unas valoraciones que van en la línea con las trazadas recientemente por el Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
Cabe recordar que los datos de desempleo de abril volvieron a acuciar los estragos que está cometiendo la crisis sanitaria en la economía española. Finalizando ese mes con un aumento en 282.891 personas (una subida mensual del 8%) y una cifra total de parados superior a los 3,8 millones de personas, según datos del ministerio de Trabajo y Economía Social. De cara a mayo, desde Adecco Group Institute, prevén que el paro alcance los 4.000.000 de personas. El director de esta institución, Javier Blasco, dice que lo importante ahora es centrarse en medidas que frenen esta tendencia y recuperar la economía productiva y, para ello, «necesitamos el apoyo de la Unión Europea».
En línea con esto, el Gobierno anunció que las empresas que se hayan acogido a un ERTE por motivos de fuerza mayor no podrían despedir a los trabajadores hasta un mínimo de seis meses después de su finalización. Esta medida de protección de empleo, que evitaría la destrucción masiva de empleo, sin embargo, encarna una realidad diferente. Así lo indica el Grupo Fidelitis, que vaticina dos escenarios: numerosos despidos de empleados «para los que habrá que demandar en muchos casos por despido nulo por fraude de Ley y, por lo tanto, readmisión en la empresa, o el cierre de multitud de empresas y posterior colapso del Fondo de Garantía Salarial», según indica esta consultora legal.
