El Gobierno ha autorizado la opa de BBVA sobre Sabadell, pero con una condición clave: deberá mantener al banco catalán como entidad autónoma durante tres años, con posibilidad de prorrogar ese plazo dos años más.
Durante ese tiempo, ambas entidades deberán preservar su personalidad jurídica, patrimonio separado y autonomía operativa, lo que incluye decisiones sobre financiación a pymes, red de oficinas, plantilla y obra social.
Así lo ha anunciado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tras el Consejo de Ministros que abordó la operación iniciada por BBVA hace 13 meses. «La autonomía en la gestión supone una toma de decisiones autónoma en la financiación, en particular en las pymes, en el ámbito de los recursos humanos, de la red de oficinas y de la obra social a través de sus fundaciones», ha explicado el ministro.
El Ejecutivo también ha decidido confirmar todos los compromisos acordados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ya dio luz verde a la operación el pasado 30 de abril tras una investigación en profundidad.
La decisión deja ahora en manos de BBVA la continuidad del proceso. Su presidente, Carlos Torres, aseguró esta semana que el escenario central sigue siendo seguir adelante con la operación y dejar que los accionistas de Sabadell decidan si aceptan la oferta.
No obstante, el banquero recordó que la legislación permite retirar la oferta si las condiciones impuestas eliminan el valor económico de la transacción, incluyendo posibles desinversiones como la venta del negocio británico TSB Bank.
En caso de que BBVA mantenga su oferta, la CNMV está preparada para publicar el folleto en los próximos días. Esto abriría el plazo para que los accionistas puedan acudir al canje a partir de mediados de julio, con una ventana que podría extenderse hasta septiembre.
Desde que BBVA presentó la opa el 9 de mayo de 2024, el Gobierno mostró su rechazo inicial por el impacto que podría tener en la concentración bancaria, el empleo y el acceso a servicios financieros, especialmente en Cataluña.
La CNMC llevó el caso a Fase II y tras la autorización del organismo de competencia, el Ministerio de Economía llevó el expediente al Consejo de Ministros, apoyado por otros seis ministerios, entre ellos los de Trabajo, Industria, Transición Ecológica, Inclusión, Derechos Sociales y el propio de Economía.
La ley permite al Consejo de Ministros confirmar, suavizar o endurecer los compromisos de la CNMC en operaciones que lleguen a Fase II. La única vez que el Ejecutivo alteró las condiciones previamente fue en la fusión de Antena 3 y La Sexta, cuando optó por suavizar los requisitos.
La opa ha provocado un rechazo frontal del empresariado catalán, con patronales como Foment del Treball y Pimec solicitando al presidente del Gobierno que frene la operación. Entre sus argumentos, advertían de una posible reducción del crédito de hasta 70.000 millones de euros y el cierre de oficinas, además de la pérdida de un referente de la cultura empresarial catalana.
El vínculo simbólico del Sabadell con su territorio se ha visto reforzado en 2025 tras el regreso de su sede social a Cataluña, siete años después de trasladarla a Alicante por el contexto político.
