No en vano se subraya la dificultad de pasar de las musas al teatro. Hace unas semanas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vendió como un triunfo que los socios europeos aceptaran considerar España y Portugal como una isla energética.
La idea del presidente español, en acuerdo con su homólogo portugués, Antonio Costa, era reconocer que, puesto que la Península no depende tanto del gas natural ruso como otros países europeos, se podía permitir intervenir en los precios para hacer frente al encarecimiento de la electricidad.
Consiguió imponer su idea, si bien hay numerosos matices técnicos que deben aclararse. Bruselas anunció ya en marzo, antes del Consejo Europeo Extraordinario, que cualquier medida de ese tipo estaba supeditada a un informe que vería la luz en mayo.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, coincide en señalar ese mismo mes, de hecho cree que puede se puede conseguir llegar a un acuerdo para reducir el impacto en la luz a principios de mayo. Se prevé que el límite para el precio del gas se establecerá en 30 euros el MWh, de forma que cuando se utilice dicho hidrocarburo para generar electricidad no se contagie al resto de la factura eléctrica.
Ribera admite que «hay algunos aspectos técnicos que todavía no están resueltos». Asimismo, no solo se necesita atender a las intenciones de España, sino al consenso con Portugal y, en último término, a lo que la Comisión Europea esté dispuesta a aceptar.
