Las UTE, el resquicio legal para amañar contratos públicos

Las Uniones Temporales de Empresas (UTE) fueron creadas como mecanismo legal para que varias compañías pudieran concurrir conjuntamente a una licitación pública.

Esta figura permite sumar solvencias técnicas, económicas y de gestión para optar a contratos complejos o de gran envergadura. Sin embargo, varias investigaciones judiciales han desvelado que también se han empleado para evitar la competencia real entre empresas.

Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entre 2015 y 2021 se habrían constituido UTE con fines distintos a los que contempla la ley. 

Qué es una UTE y cómo funciona

Una UTE es un acuerdo formal entre dos o más empresas para ejecutar de forma conjunta un contrato público. No se trata de una nueva entidad mercantil, sino de una unión temporal con reparto de tareas, riesgos y beneficios. Cada empresa mantiene su personalidad jurídica, pero asume de forma solidaria la responsabilidad ante la Administración.

Esta estructura es habitual en contratos de obra pública, ingeniería civil o servicios tecnológicos. Su flexibilidad legal, no obstante, también permite ciertas prácticas que escapan al control administrativo.

Pez grande y pez chico: ¿revisión en la contratación?

Los investigadores han identificado un esquema común: una gran empresa incorpora a otra sin experiencia, medios técnicos ni personal. Esta última actúa como socio aparente, sin participar en la ejecución real del contrato. Su función sería completar los requisitos de solvencia exigidos en el pliego de condiciones.

Estas alianzas se habrían formado antes de la licitación, con acuerdos que limitaban la libre competencia. En algunos casos, las empresas participantes en la UTE se comprometían a no concurrir por separado a otros concursos, generando una apariencia de pluralidad que no existía en términos reales.

Qué indicadores proporcionan seguridad a la licitación

Los expertos en compliance y diligencia debida están debatiendo qué indicadores de control que permitirían una señal de alerta en los órganos de control, como por ejemplo:

• Repetición de los mismos socios en UTE distintas.
• Participación de empresas sin trayectoria ni recursos.
• Disolución inmediata tras la ejecución del contrato.
• Ausencia de detalle sobre el reparto real de tareas.

Estas señales, observadas en combinación, pueden anticipar posibles prácticas restrictivas de la competencia.

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) activa la alerta

Las adjudicaciones bajo revisión por la UCO ascienden a más de 500 M€, según estimaciones iniciales. Una parte importante de estos contratos fue financiada con fondos estructurales de la Unión Europea, como los FEDER o Next Generation EU. Por esta razón, se han activado mecanismos de cooperación con la Fiscalía Europea y con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Los sectores afectados incluyen obra civil, sistemas informáticos, mantenimiento de infraestructuras y suministro de equipamiento sanitario.

Qué dificultades normativas existen para perseguir estas prácticas

Las UTE no tienen personalidad jurídica. Por tanto, no están obligadas a presentar cuentas anuales ni disponen de un historial propio que permita seguir su trazabilidad. Además, muchas se disuelven una vez ejecutado el contrato, lo que complica el control posterior.

Otra dificultad es la atribución de responsabilidad. Algunas empresas implicadas han desaparecido, se han reestructurado o han cambiado de nombre, lo que puede dificultar la imposición de sanciones o la recuperación de fondos.

Según el análisis de Kernel Legal, estas fusiones u operaciones societarias pueden usarse para evitar consecuencias penales o administrativas, incluso en casos donde se ha demostrado un perjuicio económico.

Qué medidas podrían asegurar adjudicaciones diligentes

Expertos en derecho administrativo coindiden al proponer diferentes mecanismos para limitar estos riesgos:

• Creación de un registro único de UTE activas, con información sobre sus miembros, reparto de tareas y contratos adjudicados.
• Obligación de publicar los porcentajes de participación económica y funcional de cada empresa.
• Desarrollo de herramientas automatizadas para detectar patrones de colusión o coincidencias sospechosas.
• Refuerzo de los controles en los contratos cofinanciados por la Unión Europea.

La reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, en vigor desde 2017, introdujo la exigencia de justificar el reparto de responsabilidades dentro de cada unión temporal. No obstante, los hechos analizados en los últimos años indican que estas medidas no han sido suficientes para lograr adjudicaciones libres, objetivas y diligentes.