La Unión Europea ha dado un paso más hacia su integración con la creación de una Fiscalía comunitaria (EPPO por sus siglas inglés), cuyo objetivo será investigar y perseguir delitos económicos como el fraude fiscal, que en última instancia afectan a la estabilidad financiera del mercado común. Se trata de incrementar la cooperación entre los gobiernos nacionales y las autoridades europeas en la lucha contra contra la defraudación y la corrupción, según ha asegurado el Consejo Europeo. «Este es un gran día para los contribuyentes europeos», declaró Věra Jourová, comisaria de Justicia, Consumo e Igualdad de Género. Hasta 20 estados miembros, entre los que se incluyen España, Alemania y Francia, formarán parte de este organismo, cuya sede estará en Luxemburgo. La decisión tiene que ser ratificata todavía por el Parlamento Europeo. De forma paralela, el Tribunal Constitucional (TC) declaraba nula la polémica amnistía fiscal aprobada por el PP en 2012. En su sentencia, el alto tribunal señala que el Gobierno de Mariano Rajoy «adoptó medidas que, en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica». Además, señala que el Ejecutivo «abdicó» en su misión de mantener la sostenibilidad del gasto público y «alteró sustancialmente el reparto de la carga tributaria». Este varapalo judicial, sin embargo, no tendrá ninguna consecuencia práctica, ya que el dictamen hace referencia a una anomalía formal en la aprobación de la norma (el Gobierno emitió un Real decreto en marzo de 2012 en lugar de tramitarlo vía Ley Orgánica) pero no alude a la validez de las 31.000 declaraciones. Por otro lado, el plazo de investigación de estas regularizaciones finalizó en noviembre de 2016, cuando la Agencia Tributaria (AEAT) tan sólo había inspeccionado 3.545 declaraciones y detectado 250 millones defraudados. Desde su concepción, la Declaración Tributaria Especial (DTE) ha estado rodeada de polémica. La medida fue adoptada en un momento de elevada crispación en la economía española (ese verano estuvo a punto de producirse el rescate) y el Ejecutivo decidió abrir la puerta a la regularización con un tipo del 10% sobre las cantidades defraudadas. Sin embargo, la norma no tuvo buena acogida entre los contribuyentes y se suavizó hasta limitarse a los rendimientos no prescritos en los últimos cuatro años, lo que derivó en la práctica en una tributación por tan sólo el 3% de lo defraudado. El resultado fue una recaudación total de 1.200 millones de euros, frente a los 2.500 previstos en un primer momento. Además, Hacienda eximió a los declarantes de cualqueir tipo de investigación penal, aunque finalmente tuvo que abrir la puerta a posibles inspecciones de la AEAT ante la crítica del resto de grupos políticos. Como ya se ha señalado, la sentencia no tendrá ninguna consecuencia práctica sobre los amnistiados ni sobre las cuentas nacionales, ya que, aunque se declare la nulidad de la norma, esta no afecta a las declaraciones realizadas en firme y por seguridad jurídica no se puede aplicar el dictamen de forma retroactiva. Desde el PSOE y desde Gestha (sindicato de Técnicos de Hacienda) ya han pedido la dimisión de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y principal impulsor de la amnistía. En el otro extremo, la UE busca reprobar este tipo de prácticas con la creación de la EPPO, que comenzará a operar entre 2018 y 2019. Según las fuentes comunitarias, el fraude cuesta en torno a 50.000 millones anuales a los Presupuestos europeos.
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