Unido a los efectos de la pandemia de la COVID-19 que llegó a nuestras vidas hace ya más de dos años, la economía española ha visto cómo, en los últimos meses, se ha producido un aumento generalizado de los precios y una pérdida de poder adquisitivo de un importante número de familias. Los datos son una prueba de ello. En el mes de marzo se produjo una subida interanual del 9,8% en el Índice de Precios de Consumo (IPC), seguida del 8,4% que se registró en abril después de trece meses de escalada ininterrumpida, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Para poner estas cifras en contexto, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publicó el pasado mes de abril un informe en el que daba a conocer cómo cinco de cada seis productos del supermercado ahora son más caros que hace tan solo un año. Y, además, la cesta de la compra ha subido un 10% respecto a 2021, una información que muestra el impacto que provoca esta realidad entre los ciudadanos y alerta de que, si esta tendencia se extendiera en el tiempo, a lo largo de este 2022 cada hogar gastará 500 euros más solamente en alimentos básicos.
Este escenario ha encendido todas las alarmas. Por ello, la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) ha anunciado entre sus previsiones que durante los próximos meses la inflación y la guerra en Ucrania provocarán un repunte del 20% en el número de personas que acudirá en busca de ayuda. Para la entidad, el contexto actual ha provocado el surgimiento de una nueva emergencia social donde la escalada de precios se ha solapado con los efectos de la pandemia todavía presentes en la sociedad. Así, el dato actual se sitúa en cerca de 1,5 millones de usuarios registrados en 2021, lo que está provocando una cronificación de la pobreza alimentaria en España.
Crisis encadenadas
Algunos de los nuevos usuarios demandantes de ayuda son personas con trabajo y familias de rentas bajas y medias que ya no son capaces de llegar a fin de mes como consecuencia de la subida de los precios, así como refugiados ucranianos que están llegado a España huyendo del conflicto bélico en su país. Sin embargo, ante esta situación, desde FESBAL también destacan que esta crisis no solamente afecta a los miles de ciudadanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, sino que también está perjudicando a los Bancos de Alimentos de todo el país y a las entidades sociales encargadas de repartir comida en los diferentes barrios y localidades.
Esta afirmación encuentra su explicación en la subida de precios. Es decir, estas instituciones reciben cada vez menos donativos y excedentes con los que abastecer sus almacenes de provisiones, lo que ha provocado que se hayan visto obligados a reducir en más de un 10% la cantidad de alimentos que distribuyen. Además, en esta línea, indican de igual forma que el retraso en la llegada de los fondos europeos previstos para este 2022 también les ha afectado en su capacidad para hacer frente a esta situación.