Si bien Estados Unidos coloquialmente ha ostentado el título de «la policía del mundo», ahora Europa parece ostentar el de árbitro global, especialmente frente al poder de las grandes tecnológicas.

En los últimos años, la Unión Europa ha intensificado sus investigaciones y sanciones a gigantes tecnológicas como Google, Apple, Meta, Amazon o TikTok, alegando prácticas de competencia desleal y vulneraciones a la privacidad de sus usuarios.

Estas sanciones alcanzan cifras récord, por ejemplo, casi 3.000 millones de euros a Google en 2025 por abusar de su dominio sobre la publicidad digital,  y también 500 millones a Apple y 200 millones a Meta por incumplir la nueva normativa europea sobre mercados digitales.

Incluso la red social china TikTok fue multada con 345 millones por deficiencias en la privacidad de sus usuarios menores de edad.

El argumento económico y regulatorio sobre el que se amparan estas medidas es claro. La UE busca garantizar la competencia justa y la protección de los usuarios en un mercado dominado por un puñado de empresas.

El crecimiento exponencial de las grandes tecnológicas preocupa a Bruselas por el desajuste competitivo y los riesgos para los consumidores, como la falta de alternativas, la propensión a la desinformación y los abusos en el acceso y control de datos personales de los usuarios europeos.

Durante años, estas grandes corporaciones han operado sobre un marco regulatorio fragmentado a nivel de país. Ahora, la Unión Europea se ha pronunciado y normativizado las reglas del juego en todo el bloque, evitando así los vacíos legales que, a menudo, han servido como ventaja estratégica para la expansión de estas grandes tecnológicas.

En este contexto, se han aprobado nuevas leyes pioneras en Europa, como la Ley de Servicios Digitales (o DSA) para monitorizar contenidos en línea, o la Ley de Mercados Digitales (o DMA) para prevenir las prácticas anticompetitivas de los «guardianes de acceso». Dos de los pilares que constituyen la estrategia de soberanía digital europea abordan la seguridad en las plataformas y el poder de mercado de las Big Tech.

Por ejemplo, la normativa DMA prohíbe que Google favorezca sus propios servicios en los resultados, o que Apple impida a sus usuarios sistemas de pago alternativos en su App Store, obligaciones ideadas para garantizar un entorno digital abierto y competitivo.

Precisamente, Apple fue sancionada por poner trabas a los desarrolladores al no permitir informar de ofertas fuera de su App Store, y Meta, por su polémico modelo de «consentir o pagar» que forzaba a los usuarios a aceptar publicidad personalizada o pagar por evitarla.

En materia de privacidad de los datos, la Unión Europea también ha mostrado impasible en la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos contra las tecnológicas. En el año 2023, Irlanda impuso a Meta la multa más alta hasta la fecha, 1.200 millones de euros, por transferir datos de usuarios europeos a Estados Unidos sin las garantías suficientes de seguridad de la información.

Esta sanción, superior incluso a la de Amazon de 746 millones en 2021, obligó a suspender la transferencia de datos a Estados Unidos si no se corregían las infracciones reportadas. Casos como este demuestran que la Unión Europea prioriza la protección de los datos personales de sus ciudadanos, incluso ante las Big Tech.

Tensiones transatlánticas y autonomía digital europea

Las actuaciones de Bruselas tampoco suceden en el vacío, sino en un contexto geopolítico tenso con Estados Unidos, dado que prácticamente todas las Big Tech mencionadas hasta el momento son estadounidenses.

De hecho, Trump inició su segundo mandato con una guerra arancelaría directa contra la Unión Europea, entre otros, alegando que la regulación europea discriminaba a las empresas de Estados Unidos.

Desde Washington se ha presionado en negociaciones comerciales para que la Unión Europea relaje su legislación digital y deje de imponer sanciones millonarias a compañías como Google, Meta Apple o Microsoft.

Pese a ello, la respuesta europea está siendo la que se esperaba, y Bruselas, sigue insistiendo en su derecho soberano a regular su mercado interno según sus propias normas del juego, sin ceder ante presiones externas.

Como enfatizó recientemente Ursula von der Leyen en su discurso sobre el Estado de la Unión, «Europa toma sus propias decisiones», fijando sus estándares tanto medioambientales como digitales.

La confrontación entre ambos bloques ha escalado retóricamente. Trump llegó a calificar las medidas de protección europeas de «extorsiones en el extranjero», y de nuevo, amenazó con imponer aranceles adicionales si la Unión Europea no revoca estas medidas.

En septiembre de 2025, tras la multa récord de 2.950 millones de euros a Google por infringir las normas antimonopolio de la Unión, Trump advirtió que investigaría las tariffs contra la UE por supuestas prácticas ideadas para perjudicar a las tecnológicas estadounidenses.

Incluso se llegó a insinuar una posible reducción de los aranceles al acero europeo siempre que Bruselas encuentre un enfoque equilibrado y moderno su regulación digital.

Por su parte, algunos líderes europeos han contraatacado planteando impuestos digitales si no se llega a acuerdos justos en materia de comercio. Esta disputa demuestra que, más allá de la regularización de lo digital, está en juego la geoestrategia digital. Es decir, quién establece las reglas tecnológico a nivel global.

En este pulso transatlántico, la Unión Europea busca reforzar su autonomía digital y tecnológica. Esta estrategia pasa por reducir la dependencia de empresas no europeas a través de dos fórmulas.

La primera, fomentar la industria y capacidades propias dentro del propio bloque. La segunda, imponer límites y obligaciones a los gigantes tecnológicos extranjeros para asegurar que operen bajo las reglas el juego de la Unión.

Desde Bruselas se sigue defendiendo que la regularización no frena la innovación, sino que establece un marco ético y sostenible para que el progreso tecnológico sea accesible y democrático, en lugar de una carrera dirigida por unos pocos.

En conclusión, las investigaciones y multas a las Big Tech parecen estar respondiendo tanto a razones económicas y normativas (como proteger la competencia, a los consumidores y los datos), como a una visión estratégica de la Unión Europea en la que pueda verse afirmando su soberanía regulatoria en la era digital, incluso si ello enfrenta a los intereses y presiones externas, especialmente de Estados Unidos.