El ex presidente francés Nicolas Sarkozy ha sido imputado por "corrupción activa", tráfico de influencias y encumbrimiento de la violación del secreto profesional.
El anuncio de la fiscalía a la prensa llegó en un comunicado después de que Sarkozy pasara ayer 15 horas declarando como detenido ante la policía y otras tres horas ante los jueces, a las afueras de París, medida inédita para un ex jefe de Estado francés.
El delito por tráfico de influencias, según el código penal francés, puede acarrear una pena de hasta de diez años de prisión y 150.000 euros (205.000 dólares) de multa. Además, la condena puede suspender algunos derechos civiles. En el mismo caso, que investiga si Sarkozy y su entorno crearon una red de informadores que les mantenía al tanto de la evolución de los procesos judiciales que amenazan al político conservador, también han sido imputados hoy su abogado, Thierry Herzog, y un alto magistrado del Tribunal de Casación, Gilbert Azibert.
Los investigadores, que grabaron conversaciones telefónicas de Sarkozy y de algunos de sus ministros más cercanos, sospechan que su abogado recababa información de consejeros del Tribunal Supremo. Estos le informaban supuestamente de los avances en la investigación sobre presunta la financiación ilegal de la campaña que llevó al Palacio del Elíseo en 2007.
Según esa teoría, el defensor de Sarkozy prometió como contrapartida al magistrado Azibert que el expresidente le ayudaría en su demanda de conseguir un puesto que buscaba en la administración de Mónaco, que nunca obtuvo.