Los inversores en empresas cotizadas españolas deberán estar muy atentos a la nueva legislación que prepara el Ejecutivo y que pretende “que los accionistas participen más a largo plazo en las sociedades cotizadas en las que invierten”.
Creado principalmente para dar cumplimiento a una Directiva Europea de hace dos años, el anteproyecto de ley, que todavía está en fase de audiencia pública hasta el 14 de junio, contiene una batería de medidas que afectan a empresas e inversores y modifican parcialmente la Ley de Sociedades de Capital y la de Instituciones de Inversión Colectiva.
Entre las nuevas medidas, algunas de ellas al margen de la propia Directiva, destaca la posibilidad de que las cotizadas incluyan en sus estatutos la opción de asignar derechos de voto adicionales para los accionistas que mantengan su inversión durante un plazo de al menos dos años, introduciendo la figura de las “acciones de lealtad” ya extendida en otros países europeos.
Esta figura se introduciría a voluntad de cada empresa cotizada, aunque siempre con unos requisitos de quorum y mayoría de votos exigentes para “proteger al accionista minoritario”. La suspensión de esta figura en los estatutos de una sociedad, sin embargo, requeriría menos exigencias de asistencia y voto.
Otra medida que supone un cambio sustancial respecto a la ley actual es la eliminación de la obligación de las empresas cotizadas a suministrar información financiera trimestral en el segundo y tercer trimestre del año.
