Una pregunta así de genérica tendría una respuesta inequívocamente negativa, no contribuyen a la sostenibilidad social ni ambiental.  Pero, «Yo soy yo y mis circunstancias» como dijo José Ortega y Gasset, y las circunstancias están cambiando. 

Para la autoridades políticas de Europa, la sostenibilidad se ha convertido en un asunto circunstancial.  Se ha «revisado» la sostenibilidad de la energía nuclear y ahora es parte de las inversiones elegibles en la transición energética explicitadas en la taxonomía verde de la Comisión Europea.

Aprovechando la necesidad de hacerle frente a la disminución del suministro de gas desde Rusia, por las sanciones consecuencia de la invasión de Ucrania, Francia aprovechó para promover los intereses de su industria nacional y la energía nuclear es ahora elegible de más fuentes de financiamiento. 

Y como consecuencia de la guerra, Europa, presionada en parte por EE. UU., ha decidido, en el seno de Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, aumentar el gasto en defensa al 5% del PIB (poco a poco, y algunos países más poco a poco y con creatividad).

Se requerirán inversiones del sector privado para aumentar la capacidad de producción y el capital de trabajo y para la prestación de servicios relacionados a la defensa.  Requerirán de financiamiento puente hasta que los bienes y servicios productivos sean adquiridos por los gobiernos, que para muchos requerirán de financiamiento externo para suplementar los recursos fiscales. 

En principio este financiamiento podría provenir del financiamiento tradicional de las instituciones financieras y de los mercados de capitales, pero, alegando insuficiencia, se quieren ampliar las fuentes de financiamiento, como en el caso de la energía nuclear, y captar fondos del segmento de mercado del financiamiento sostenible.

Y esto no es solo de interés de esos gobiernos y empresas sino además de ese segmento del mercado que ve una oportunidad de obtener beneficios adicionales.  El mercado de las inversiones en defensa ha sido recientemente más rentable que el mercado en general y ante esta demanda incremental es de esperar que continúe. Se juntan el hambre con las ganas de comer. 

Pero, ¿son las inversiones y gastos en defensa parte del mercado de financiamiento sostenible? ¿pueden optar a la calificación de bonos sostenibles los emitidos para financiar inversiones en defensa?  

Un artículo en el New York Times cita las declaraciones de dos analistas del Citi que alegan que «…la defensa de los valores de las democracias liberales y la creación de disuasivos, que preserven la paz y la estabilidad global es tan importante que las empresa productoras de armamentos deben ser incluidas en los fondos con la etiqueta ASG, medio ambiente, social y gobernanza». 

Y uno en el Financial Times dice: «Pero si la empresa suministra armamento a un país invadido, indefenso, en una lucha no provocada, o a países también indefensos que lo respaldan ¿no podríamos calificarlos como un bien social, una S.  Seguro».   

O sea, sí, según algunos son hasta bienes sociales.  

Es de recordar que la estrategia de selección de inversiones responsables más usada es la de exclusión, excluir inversiones en ciertos sectores: tabaco, apuestas, combustibles fósiles, energía nuclear, alcohol, pornografía y …… ¡armamentos!  Así de sencillo, sin tener que analizar mucho más, exclusión a rajatabla. 

¿Es posible una reconciliación de estas posiciones? Las inversiones en defensa tienen matices que es conveniente analizar. No se puede ni se debe generalizar. Ni antes éramos tan buenos ni ahora solos tan malos. Analicemos las inversiones en defensa en más detalle. 

La Asociación Internacional del Mercado de Capitales, AIMC, que ha emitido los principios más usados para las emisiones de bonos verdes, sociales y sostenibles, ha descartado permitir que se emitan bonos para inversiones en defensa con esas etiquetas.

Hay que recordar que esos bonos requieren la utilización de los recursos en actividades de su etiqueta, previamente especificados.  Pero ello no impide que se financien los insumos necesarios para armamentos, como por ejemplo acero y motores, con esos recursos. 

Ello no obsta para que la misma industria de la inversión responsable desarrolle sus propios principios o por lo menos lineamientos (una taxonomía) para guiar la inversiones en defensa. Ello dependerá del apetito que tengan en explotar este mercado, pero es poco probable que lo hagan al margen de la AIMC. 

Por otra parte, están los bonos ligados a la sostenibilidad, cuyos recursos son de libre disposición para el emisor, con la condición de que mejore algún aspecto de su sostenibilidad.  Así, una empresa de armamentos que se compromete a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en la producción de armas podrá emitir tales bonos y ser elegibles para integrar carteras de inversiones sostenibles. Una tergiversación legitimada. 

Las regulaciones vigentes en la Unión Europea sobre los fondos de inversiones responsables permiten que un cierto porcentaje se invierta en actividades no necesariamente responsables, por lo que, como en el caso anterior, estos fondos podrían financiar actividades en defensa y ser parte de carteras de inversión responsable. Otra tergiversación legitimada. 

Y es de recordar que del 5% del PIB a que se comprometen los miembros de la OTAN, el 1,5% es actividades conexas como sistemas de información, infraestructura, investigación, defensa civil, entre otros, por lo que es posible que estas «inversiones en defensa», indirectas, se puedan considerar sostenibles. Otra tergiversación legitimada. 

Si bien la discusión precedente apunta a la posibilidad de financiar actividades en defensa con etiquetas de sostenibilidad, ello no quiere decir que se financiaran, por ahora es una discusión más de principios que de realidades. Habrá que ver el interés de los mercados por esos financiamientos. 

En Europa la sostenibilidad se ha vuelto circunstancial, depende de las circunstancias.