A medida que los temores de una recesión suenan como un redoble de tambor a la vuelta de la esquina, las miradas se centran en dos sectores clave del tejido productivo español: el turismo y el inmobiliario. En el primer caso, por ser la locomotora del PIB en el momento actual y, en el segundo, porque fue la mecha que encendió la crisis económica de 2008.
A pesar de haber pasado doce años desde entonces, España no puede evitar mirarse continuamente en ese espejo, cuya sombra parece haberse incrementado en las últimas semanas al compás del avance del coronavirus en España. El estado de alarma ha frenado en seco todas aquellas actividades que no sean de carácter imprescindible, con excepciones. En esta distinción entran las obras en proceso de construcción, ya que el Real Decreto 463/2020 no establece ninguna limitación al trabajo en las obras. Tampoco al transporte de los productos necesarios para desarrollar el funcionamiento laboral del mismo.
Se trata de un sector que presenta dos caras de la moneda bien diferentes. Mientras la edificación prosigue su actividad, el resto del sector la ha parado en seco. Formalizar una escritura ante notario solamente es posible para situaciones de extrema urgencia, tal y como asegura el Consejo General de Notariado.
Debe tenerse en cuenta que 2019 marcó un punto de inflexión en la compraventa de viviendas con un descenso del 3,3%, tras varios ejercicios consecutivos de subidas y la luz verde de una ley hipotecaria, que ha inclinado la balanza a favor de los consumidores. Esta tónica también continuó en enero (los últimos datos disponibles) con una caída del 2,6%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
En este escenario y con unas perspectivas previas de desaceleración, el sector inmobiliario ha llegado al estado de alarma con la lengua medio afuera. A mediados de marzo, el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, aseguraba que esta tendencia bajista podría “agravarse” a causa del COVID-19.
