Caracterizada por un creciente apetito de los inversores institucionales por participar en la financiación de la economía real, la deuda en infraestructuras ofrece una solución atractiva de diversificación. Las características del mercado, un entorno normativo favorable y unos sólidos rendimientos combinados con un riesgo controlado la hacen aún más llamativa.
Históricamente, la financiación de infraestructuras en Europa ha sido proporcionada principalmente por los bancos. La crisis de 2008, el endurecimiento de los criterios para la concesión de créditos y la aplicación de las normas de Basilea III han llevado a los actores industriales y financieros a explorar otras formas de financiación y a recurrir a nuevos tipos de inversores en la búsqueda de activos seguros.
Las oportunidades de inversión son ilimitadas a nivel global. Desde 2010, se han invertido aproximadamente unos 300.000 millones de euros anuales en créditos de infraestructuras en todo el mundo, de los cuales alrededor del 70% se han financiado mediante deuda. En las próximas décadas, no se esperan cambios en esta tendencia. La necesidad de desarrollar nuevos tipos de infraestructuras («greenfield») o renovar las más antiguas («brownfield») para satisfacer las enormes necesidades de transporte, energía, telecomunicaciones, servicios públicos, infraestructuras sociales (educación y sanidad) o escuelas y hospitales, genera un importante universo de posibilidades para la inversión, apoyado por iniciativas nacionales o europeas como la Transición Energética Europea, la Red Transeuropea-T, o diversos proyectos digitales.
Cambios regulatorios
La deuda en infraestructuras se beneficia de un importante apoyo político y de unos incentivos regulatorios, lo que ofrece un horizonte claro para esta clase de activos. Las autoridades reguladoras están siguiendo un camino favorable, especialmente en el contexto de Solvencia II para fomentar la inversión de las aseguradoras en infraestructuras.