La Comisión Europea ha lanzado un ultimátum definitivo a Google. El Ejecutivo comunitario ha dado un plazo de doce meses al gigante tecnológico para que abra las funciones clave de su sistema operativo Android a servicios rivales de inteligencia artificial (IA).
Además, la institución exige que la compañía comparta los datos de su motor Google Search con otros buscadores alternativos a más tardar el próximo mes de enero. Ambas medidas se enmarcan en la estricta aplicación de la Ley de Mercados Digitales (DMA).
Alternativas frente al monopolio de Gemini
Según denuncia Bruselas, la corporación reserva actualmente gran parte de las capacidades técnicas de sus dispositivos móviles y tabletas para priorizar de forma casi exclusiva el uso de sus propias soluciones de IA, como el asistente Gemini.
Para romper esta barrera, los servicios comunitarios exigen que los usuarios de Android puedan elegir y activar fácilmente plataformas de la competencia. El objetivo es que cualquier ciudadano pueda configurar una «palabra de activación» personalizada para despertar mediante la voz al asistente rival que prefiera.
Competencia justa y blindaje de la privacidad
La vicepresidenta comunitaria responsable de Competencia, Teresa Ribera, ha justificado la dureza de la medida. «Necesitamos que este proceso sea justo. Nuestra decisión ayudará a los competidores más pequeños a competir y ofrecer opciones al tiempo que protegemos la privacidad», ha defendido la directiva.
Bruselas argumenta que el intercambio de datos es un pilar crucial para el desarrollo de nuevos buscadores. Las directrices europeas establecen a partir de ahora un proceso transparente de acceso y una fórmula justa para calcular el precio de estos datos compartidos, que, según la Comisión, deberán cederse de forma anonimizada.
Google advierte del riesgo para los usuarios
Frente a las exigencias de la Comisión, la respuesta de la multinacional ha sido tajante. A partir de fuentes oficiales de Google consultadas por The Officer, la compañía asegura que las decisiones anunciadas hoy «ponen en riesgo la seguridad y la privacidad de millones de europeos», lamentando que se hayan descartado sus pruebas exhaustivas sobre los posibles daños a los consumidores.
En un comunicado firmado por el presidente de Asuntos Globales de la firma, Kent Walker, la tecnológica advierte de que la resolución sobre Android amenaza a los dispositivos al otorgar permisos potentes y sensibles a aplicaciones externas sin las garantías de validación de los propios fabricantes de teléfonos.
Secretos comerciales y seguridad nacional
En cuanto a la obligación de ceder los datos del buscador, la firma califica la medida de «especialmente preocupante». Google alerta de que las búsquedas privadas de los ciudadanos quedarán expuestas a empresas desconocidas sin el conocimiento ni el consentimiento del usuario, y cuestiona que exista una anonimización verdaderamente adecuada.
Para la corporación, este escenario no solo debilita la privacidad ciudadana, sino que podría poner en riesgo los secretos comerciales de las empresas y llegar a comprometer la seguridad nacional. Por todo ello, la tecnológica reclama ahora a Bruselas un proceso de implementación «flexible y basado en pruebas» que ajuste las medidas sin desproteger al consumidor.
