Garamendi pide medidas inmediatas al Gobierno

Ante la parálisis institucional, los empresarios han decidido tomar cartas en el asunto para frenar la caída que se prevé que cause el coronavirus en la actividad económica española. La prioridad para la patronal es que, por un lado, se protejan los empleos y, por otro, que se apoye a las empresas para evitar que su caída.

Así lo ha expresado el presidente e la CEOE, Antonio Garamendi, durante una entrevista esta misma mañana en Radio Intereconomía. Garamendi ha explicado que las empresas “son el tractor para poner al país en marcha de nuevo dentro de unos días, de un mes o de dos meses…”. En esa línea, el representante de la patronal cree que en este punto «lo importante es proteger el empleo». Por ello, para Garamendi «los ERTE son una solución transitoria para solucionar este tema y proteger los puestos de trabajo”.

Los organismos de análisis aún no se han atrevido a cuantificar en qué medida se verá afectada la economía española por el coronavirus. La OCDE aportó cifras de las principales economías del mundo y olvidó la española, si bien es probable que los números que publicó a principios de mes se queden cortos en comparación con el impacto real que prevén gobiernos y empresas.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, explicó que la actividad económica sufrirá un «impacto de envergadura», en línea con lo que anticipan las empresas. En ese sentido, los representantes empresariales y el Ejecutivo se han mantenido en contacto para abordar cómo puede el estado paliar los efectos que va a tener la crisis en la actividad económica.

Desde CEOE y Cepyme consideran que se necesita una respuesta coordinada desde las instituciones nacionales e internacionales ante una situación «de excepcionalidad económica». Es por ello que se solicita que los nuevos esfuerzos que realice el Gobierno no computen en el cálculo del déficit presupuestario.

Antes de que se conozcan las nuevas medidas que pretende implementar el estado para apoyar a las compañías, la patronal tiene claros cuáles son los asuntos principales que deben abordarse para evitar el colapso de la producción, el cierre de empresas así como el consecuente aumento del desempleo. En particular, considera tres aspectos.

El primero tiene que ver con la propia actividad productiva. Esto es, los empresarios, en acuerdo con los sindicatos, solicitan que se simplifiquen y agilicen los procedimientos en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). En ese sentido, piden que se reconozca que existe una fuerza mayor para presentar dichos expedientes, como es «el actual estado de alarma».

Además, se solicita que se suspenda la obligación de pago de las cotizaciones por parte de la empresa ante la falta de liquidez. En el caso de los trabajadores, piden que se deje de exigir periodo de carencia para solicitar la protección por desempleo. Asimismo, se pide facilitar la realización del teletrabajo.

El segundo ámbito de las medidas tendría que ver con los impuestos. El Gobierno ya anunció que permitirá aplazar el pago de tributos hasta seis meses sin intereses, pero la CEOE recalca que los aplazamientos y los fraccionamientos deben realizarse «por un plazo suficiente».

En todo caso, se explica que esta medida debe aplicarse a las empresas más afectadas, en las que o bien la caída en los ingresos o el incremento de los gastos haya supuesto un mayor perjuicio. Para los autónomos, la patronal pide la suspensión de las cotizaciones sociales, el abono de las bajas desde el primer día, así como una prestación por cese que se distribuya a través de un fondo extraordinario.

En último término, apelan a las instituciones estatales para establecer avales públicos con el fin de que se facilite el acceso al crédito. En la misma línea, se solicita que las Administraciones Públicas «abonen de inmediato» las facturas pendientes y las que reciban. La CEOE exige que no se agoten los plazos de la Ley de Morosidad, que establece un máximo de 30 días. No obstante, el Periodo Medio de Pago a Proveedores alcanza los 34,46 días en el caso de la Administración Central, mientras que las regiones rondan los 40 días.

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