El 70% de las empresas españolas falla ante los ciberataques

El 70% de las compañías nacionales reconoce deficiencias para detectar y gestionar crisis digitales, según Grant Thornton.
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La sofisticación del cibercrimen ha dejado en evidencia las costuras defensivas del tejido corporativo nacional. El 70% de las empresas españolas admite no estar plenamente satisfecha con su capacidad para detectar y gestionar ciberataques, una vulnerabilidad que penaliza especialmente al middle-market y a las pymes.

Así lo constata el último informe de la consultora Grant Thornton, elaborado tras encuestar a más de 4.000 directivos globales. Los datos revelan una alarmante ceguera institucional: casi la mitad de las firmas nacionales (45%) reconoce no ser consciente de la gravedad de los riesgos digitales a los que está expuesta su propia infraestructura.

La brecha europea y el factor humano frente a la IA

Esta falta de anticipación relega a España a los puestos de cola en la comparativa internacional. El porcentaje de compañías nacionales que comprende la gravedad de sus riesgos digitales se sitúa diez puntos por debajo de la media mundial y cuatro por debajo de los estándares de la Unión Europea. En esta línea, solo el 61% de las corporaciones en el país cuenta con procesos estructurados para auditar todas sus vulnerabilidades.

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A la falta de protocolos se suma el desafío del factor humano, exacerbado ahora por la irrupción de la inteligencia artificial. Un 39% de los encuestados identifica como su principal punto débil el desconocimiento de la plantilla sobre sus responsabilidades de seguridad.

«La IA es una herramienta que puede sofisticar las técnicas que se utilizan para acometer distintos fraudes en el ámbito digital, por lo que es necesario establecer políticas que definan en la empresa qué uso se dará», advierte Eloi Font, socio experto en Derecho Digital y DPO de Grant Thornton.

Cerco regulatorio: la cúpula asume la responsabilidad

Esta radiografía de debilidad, que choca con el hecho de que casi la mitad de las firmas españolas ya ha sufrido un ciberataque en los últimos años según datos del Incibe, colisiona frontalmente con el nuevo escenario regulatorio que impone Bruselas.

Normativas como la Directiva NIS2, la Ley de Ciberresiliencia o el inminente Reglamento DORA (aplicable desde enero de 2025 para blindar al sector financiero) obligarán a las compañías a acometer inversiones ineludibles. Sin embargo, el mayor impacto se dará en los despachos.

«La regulación puede ser positiva para impulsar la concienciación en esta materia, especialmente, de los órganos de dirección que pasarán a tener responsabilidad en el caso de que no las cumplan», sentencia Font, anticipando un cambio de paradigma donde la ciberseguridad dejará de ser un gasto técnico para convertirse en un riesgo legal directo para la alta dirección.

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