España pierde atractivo para la inversión y cae al puesto 34 de los 38 países de la OCDE en competitividad fiscal. El país se sitúa 11,5 puntos por debajo de la media comunitaria, acumulando un grave retroceso continuado desde 2018.
Ante este panorama, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) lanza una dura advertencia contra la recomendación europea de subir el IVA a la hostelería. Pasar del 10% actual al 21% supondría un gravísimo «error de política económica».
Un arancel al motor económico
Los expertos del organismo recuerdan que el turismo funciona en la práctica como una exportación. Encarecer drásticamente este servicio de forma artificial equivaldría a aplicar aranceles directos al principal motor del crecimiento nacional.
Con unos estrechos márgenes de beneficio que oscilan entre el 3% y el 10%, las empresas no podrían absorber una subida de once puntos. El cliente internacional tiene una altísima sensibilidad al precio y no tardaría en buscar nuevas alternativas.
El temido fantasma portugués
El resultado inevitable sería una destrucción masiva de empleo y un trasvase directo de visitantes hacia competidores del sur de Europa. Mercados como Grecia, Italia o Portugal serían los grandes beneficiados de esta asfixia tributaria.
El informe recuerda precisamente el precedente portugués del año 2012. Una subida similar provocó el cierre de 20.000 locales, destruyó 100.000 empleos y obligó al Gobierno luso a revertir la medida cuatro años más tarde al hundirse la recaudación.
El agujero del dinero opaco
Frente a la tentación de seguir subiendo impuestos, el organismo propone una receta alternativa centrada en ensanchar las bases. La prioridad debe ser el combate contra el tradicionalmente alto nivel de desempleo y la pujante economía opaca.
El dinero negro en nuestro país representa un alarmante 15,8% del PIB, casi dos puntos por encima de la media de la Unión Europea (13,9%). Este factor estructural lastra de forma crítica la capacidad recaudatoria del Estado en el medio plazo.
Recaudar sin tocar los tipos
Los cálculos del informe son concluyentes. Si España lograra reducir su actividad informal simplemente hasta igualar la media comunitaria, los ingresos públicos aumentarían de forma automática en 13.231 millones de euros.
El salto sería definitivo si el país lograra igualar la eficiencia del 8,6% que presumen las cinco mejores potencias del continente. En ese escenario, aflorar la actividad opaca dispararía los ingresos en 50.260 millones (un 3,2% del PIB) sin tocar ni un solo tipo impositivo.
