Esta semana, el juez titular del juzgado de lo mercantil número 2 de Madrid, Andrés Magro ha desestimado la medida planteada por los abogados de Uber para ‘levantar’ el cierra cautelar de la aplicación que un juez decretó el pasado mes de diciembre. Este cierre por tanto, continúa siendo efectivo, al menos hasta que Uber pueda demostrar que su actividad no supone ejercer competencia desleal contra los taxistas.
En diciembre, el juez estimó la petición de medidas cautelares solicitadas por la Asociación Madrileña del Taxi. El juez consideró entonces que de esta forma protege la legalidad vigente, sin entrar en si Uber y sus conductores suponen un caso de economía colaborativa.
Concretamente, se prohibió a la compañía la realización de cualquiera de estos servicios de transporte de viajeros bien sea a través de la app o de la página web. Además, ordenó a medios de pago que suspendieran todas las operaciones de ingreso o pago con tarjeta de uso con Uber. También se solicitó a las operadoras de telecomunicaciones que suspendieran la transmisión y el alojamiento de datos o la prestación de cualquier servicio a la empresa estadounidense.
Poco después de estos hechos, la aplicación, que ya está valorada en 50.000 millones de dólares, denuncio a España ante la Unión Europea por la sobreprotección que hace del sector del taxi y por permitir el monopolio de este gremio.
La reacción desde Europa no tardó en llegar. La comisaria europea de transporte, Violeta Bulc envió una carta privada al presidente del transporte del Parlamento Europeo. En ella, Violeta Bulc dijo que ahora las regulaciones de taxis se tratan a escala nacional, lo que conduce a diferencias en los costos y en los servicios de taxis, así como a normas inconsistentes para Uber dentro de un solo mercado.
