La Comisión Europea ha lanzado una serie de procedimientos de infracción contra España por incumplimientos legales identificados en abril. Las áreas afectadas incluyen medio ambiente, mercado interior y seguridad.
España será llevada al Tribunal de Justicia de la UE por incumplir la Directiva sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, según informó la Comisión. Las aguas residuales sin tratar ponen en riesgo la salud humana, suelos y aguas de la UE.
Además, la Comisión ha emitido una carta de emplazamiento a España por no cumplir con la normativa sobre morosidad, que establece límites en los plazos de pago en el sector minorista, los cuales a veces superan los 120 días.
Directiva sobre resiliencia
España, junto a otros países, no ha transpuesto la Directiva sobre la resiliencia de las entidades críticas, lo que resulta en otro recurso al Tribunal de Justicia. Esta directiva es vital para garantizar la continuidad de servicios esenciales en toda la UE.
También se ha enviado un dictamen motivado a España en el ámbito de protección al consumidor. La falta de transposición completa de la Directiva de acciones de representación pone en riesgo los derechos colectivos de los consumidores europeos.
En materia fiscal, la Comisión ha cuestionado la imposición discriminatoria que España aplica a los contribuyentes no residentes respecto a sus viviendas.
Empleo y servicios financieros
La Comisión Europea requiere que España elimine las condiciones laborales discriminatorias en el sector público. Los contratos temporales siguen teniendo peores condiciones que los fijos, contraviniendo la normativa comunitaria.
En cuanto a la lucha contra el blanqueo de capitales, la Comisión ha instado a España a implementar modificaciones de la cuarta Directiva pertinente, faltando aún por notificar ciertas medidas y sanciones en este ámbito.
Finalmente, se cuestiona a España y a otros estados por no implementar la Directiva ómnibus para el punto de acceso único europeo, esencial para la transparencia en los mercados de capitales.
