Europa vuelve a mirar al termómetro. No solo para saber qué abrigo sacar del armario, sino para anticipar cuánto puede costarle el próximo invierno.
A finales de septiembre, las reservas de gas de la Unión Europea rondan el 70% de su capacidad, claramente por debajo de los niveles de los últimos años. Al mismo tiempo, las disrupciones provocadas por el conflicto en Oriente Medio han tensionado nuevamente los mercados internacionales de petróleo y gas. Bruselas ya ha pedido a los Estados miembros que contemplen medidas adicionales de ahorro energético.
La situación no es la de 2022. Europa ha aprendido algunas lecciones. Ha diversificado proveedores, aumentado su capacidad para importar gas natural licuado, reducido su consumo y acelerado el despliegue de renovables. La propia Comisión Europea considera que, pese al menor nivel de almacenamiento, no existe por ahora un riesgo inmediato para el suministro.
Pero estar mejor preparados no significa haber dejado de ser vulnerables.
Aproximadamente el 80% del gas consumido por la Unión Europea procede actualmente de importaciones. Hemos reducido drásticamente la dependencia del gas ruso, pero una parte del riesgo simplemente ha cambiado de geografía. Europa depende ahora mucho más de un mercado mundial de GNL en el que compite por los mismos cargamentos con Asia y donde una crisis en el golfo Pérsico puede trasladarse rápidamente a los precios europeos.
El estrecho de Ormuz vuelve a demostrarlo. Las alteraciones en los flujos energéticos de Oriente Medio han llevado el gas europeo por encima de los 80 euros por megavatio hora, máximos no vistos desde 2022. Incluso el carbón vuelve a resultar económicamente atractivo para algunas eléctricas europeas frente al gas.
Esta vulnerabilidad no termina en el mercado energético.
La energía es uno de los mecanismos mediante los que la geopolítica entra silenciosamente en nuestra economía cotidiana. Un gas más caro significa mayores costes industriales, fertilizantes más caros, encarecimiento del transporte y presión sobre los precios. Para las empresas significa pérdida de competitividad. Para los gobiernos, la tentación de recuperar subsidios y ayudas. Para los ciudadanos, una factura energética que vuelve a competir con otros gastos familiares.
Y ahí reside quizás el principal error de nuestro debate energético. Seguimos tratando la seguridad energética como una cuestión sectorial cuando es, cada vez más, una cuestión de seguridad económica y social.
Europa ha avanzado enormemente desde la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, sustituir una dependencia por un conjunto más diversificado de dependencias no equivale a alcanzar autonomía estratégica.
La respuesta tampoco consiste en aspirar a una autosuficiencia energética imposible. Consiste en reducir la capacidad de terceros países y conflictos externos para condicionar nuestra economía: más interconexiones, almacenamiento, renovables, energía nuclear allí donde exista voluntad política, eficiencia y una estrategia común de compras y suministro.
El próximo invierno probablemente no pondrá a prueba si Europa puede mantener encendida la calefacción. Pondrá a prueba algo más importante: cuánto estamos dispuestos a pagar por seguir dependiendo de acontecimientos que ocurren a miles de kilómetros de nuestras fronteras.
Porque cuatro años después de la gran crisis energética europea, la pregunta ya no es si hemos aprendido a reaccionar ante una crisis.
Es si hemos aprendido a dejar de esperarla.