La Justicia italiana ha asestado un duro golpe reputacional y de cumplimiento a Revolut. Las autoridades han impuesto una orden de administración judicial de un año sobre el banco digital debido a deficiencias sistemáticas en sus controles de prevención de blanqueo de capitales. Según la investigación oficial, esta falta de rigor permitió la ejecución de operaciones ilícitas por valor de 76,5 millones de euros.
La medida, de carácter estrictamente preventivo, implica que la filial operará durante los próximos doce meses bajo la lupa de un administrador judicial. Este supervisor externo auditará la gestión de la empresa con el objetivo de detectar las vulnerabilidades algorítmicas y corregir las deficiencias, sin que esto suponga una paralización de la actividad bancaria comercial.
El rastro del crimen organizado
La investigación, liderada por la Unidad de Policía Económica y Financiera de Milán y coordinada por la Fiscalía General, se centró en cruzar la base de clientes del neobanco con los registros policiales. Las pesquisas confirmaron que un número significativo de personas investigadas o condenadas por delitos graves —incluyendo transferencia fraudulenta de activos con métodos vinculados a la mafia— lograron utilizar la infraestructura financiera de Revolut para mover fondos con total impunidad.
El Ministerio Público es tajante: esos 76,5 millones de euros podrían haberse bloqueado si la plataforma hubiera aplicado a tiempo los protocolos legales exigidos. «La recurrencia y heterogeneidad de los casos identificados han puesto de manifiesto la insuficiencia de las medidas adoptadas», subraya el texto de la Fiscalía. Las autoridades italianas advierten que el modelo de negocio digital no es una excusa, señalando que la adopción de sistemas automatizados obliga a generar alertas fiables y detectar patrones anómalos con mayor precisión.
Colaboración y normalidad operativa
Ante la magnitud de la intervención, la dirección de Revolut ha optado por acatar el golpe y mostrar total disposición. Un portavoz de la entidad ha asegurado que el banco toma en consideración la decisión del tribunal milanés y que colaborará plenamente con la justicia, defendiendo que invierten de forma continua en reforzar sus equipos de cumplimiento normativo.
Para evitar una fuga de depósitos o el pánico entre sus usuarios, la corporación ha blindado su mensaje comercial: «Podemos confirmar que nuestros servicios bancarios para particulares y empresas en Italia siguen operando con total normalidad, sin ninguna interrupción para nuestros clientes».
