El Banco de España advierte de un fallo estructural en su último informe anual. Pese a ser la base del tejido productivo, las pymes tienen una participación residual en la contratación de las Administraciones.
Los datos de Hacienda a cierre de 2025 muestran que las pequeñas empresas pujan en menos de un tercio de los procesos. Si se analiza el presupuesto total movilizado, la captación real de recursos cae a un 7%.
El agujero de los concursos desiertos
Esta falta de participación reduce la competencia y genera alertas en organismos como la CNMC o la Fundación de Cajas de Ahorros. Las estadísticas demuestran que los concursos públicos que quedan desiertos pasaron del 19% en 2013 al 35% en 2023.
José Luis Escrivá, gobernador del regulador, señala que esta dinámica frena la capacidad de la contratación pública para impulsar el crecimiento empresarial. España registra este incremento de procesos sin concurrencia muy por encima de la media de la eurozona.
Costes de entrada excluyentes
Participar en las licitaciones exige asumir unos costes fijos iniciales que resultan inaccesibles para las empresas de menor tamaño. Los datos de 2019 indican que hasta el 34% de las grandes corporaciones consiguieron contratos, frente a un máximo del 4% en el caso de las pymes.
Para reducir este obstáculo, el Ministerio de Hacienda, dirigido ahora por Arcadi España, modificó los requisitos a principios de este año. La normativa permite a los negocios acreditar su experiencia técnica con proyectos de la última década, ampliando el margen anterior de cinco años.
Reformas sectoriales limitadas
Este cambio, alineado con el marco de la «Small Business Act» de Bruselas, facilita el acceso en actividades con ciclos de contratación irregulares. Sin embargo, su alcance legal se limita a nichos específicos de baja competencia, como el desarrollo ferroviario, el hidráulico, el marítimo o el energético.
Todavía persisten barreras operativas severas, como la prohibición de repercutir las sucesivas subidas del salario mínimo en los costes de licitación. La «Ley de Desindexación» bloquea este ajuste, y pese a la insistencia de Yolanda Díaz, el texto sigue sin modificarse tras la salida de María Jesús Montero.
El bloqueo de la burocracia
A las cargas financieras se suma una complejidad normativa que la CNMC califica de «desproporcionada» en su informe de febrero. La enorme dispersión de las fuentes de información frena a los equipos directivos desde las primeras fases de cualquier concurso.
Desde Competencia insisten en la urgencia de unificar los trámites y simplificar los formularios de acceso en todos los niveles de la Administración. Ante la persistencia del problema, diversos analistas recomiendan establecer cuotas cerradas de licitaciones exclusivas para las pymes.
