Levantar los cimientos del ecosistema digital español movilizará la friolera de 66.900 millones de euros hasta 2030, con un impacto en el PIB que superará los 42.800 millones. Pero detrás de estos enormes armarios de servidores parpadeantes, el dinero y el suelo ya no son el principal dolor de cabeza de los inversores; hay otra batalla más significativa, la que define si los números salen en verde o en rojo, la que se libra por los megavatios y los contratos de arrendamiento.
El mercado de los derechos de conexión y el atractivo de Aragón
Esta urgencia internacional ha creado un mercado secundario donde los derechos eléctricos adquieren un enorme valor estratégico. Un claro ejemplo de esta dinámica corporativa se ha vivido en Aragón, una comunidad que sigue demostrando su indudable capacidad de atracción y agilidad para acoger al sector tecnológico.
Recientemente, la empresa española Box2bit, tras evaluar su cartera de proyectos, decidió traspasar sus derechos de conexión de 150 megavatios en la subestación de Calatorao. En lugar de ejecutar su complejo Epilon en Épila, la firma capitalizó su posición vendiendo estos permisos al fondo Blackstone.
Lejos de suponer un contratiempo para la región, este movimiento estratégico demuestra la liquidez del sector y el inmenso interés por posicionarse en la zona. Blackstone necesitaba urgentemente esa energía para su proyecto Rhodes (una colosal inversión de 13.471 millones de euros), por lo que Box2bit logró rentabilizar su trabajo de tramitación y desarrollo inicial obteniendo unos jugosos márgenes por la venta del acceso. El ecosistema aragonés, por su parte, reasigna rápidamente los recursos hacia iniciativas consolidadas, manteniendo intacto su liderazgo digital.
La rentabilidad de asegurar el enchufe a los gigantes
Fuera del mercado de traspaso de permisos, el negocio real y recurrente está en la operación inmobiliaria a través de las socimis. Compañías como Merlin Properties construyen la nave, aseguran la refrigeración y la energía, y alquilan el espacio a larguísimo plazo.
Con este esquema, Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties, proyecta unas rentas estabilizadas de 1.150 millones de euros anuales para 2032, garantizando a sus inversores una envidiable rentabilidad bruta sobre el coste del 15,8%.
El hachazo normativo para ordenar la red
Para ordenar el acceso a la red eléctrica y asegurar que la energía se destina a proyectos que sostengan los objetivos climáticos, el Gobierno ha pisado el acelerador regulatorio. El nuevo Proyecto de Real Decreto impone reglas muy estrictas que cambian el paradigma de rentabilidad del sector.
A partir de ahora, toda instalación que supere 1 MW de potencia deberá cubrir el 80% de su consumo con contratos renovables (PPA). La exigencia técnica dictamina que el 80% de la energía consumida cada hora debe respaldarse con electricidad verde generada simultáneamente. Para los proyectos ya en marcha pero sin conectar físicamente, el Gobierno otorga un margen de seis meses para adaptarse a estos requisitos.
SpainDC estalla: «Se nos ofrece aceptar el riesgo de un apagón»
La patronal del sector, SpainDC, ha rechazado frontalmente el nuevo texto remitido al Consejo de Estado, calificándolo de inviable y acusándolo de añadir «nuevos riesgos para la operación, la seguridad jurídica y la inversión».
La principal crítica recae en la alternativa transitoria que ofrece el Gobierno para quienes aún no puedan cumplir el 80% hora a hora: deberán acogerse al Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP), lo que implica aceptar que el operador de la red pueda provocarles un apagón cuando el sistema lo requiera.
Emilio Díaz, presidente de SpainDC, lo considera inaceptable para una infraestructura crítica: «La elección es entre cumplir desde el principio una obligación inviable o aceptar el riesgo de apagón. Eso no es eliminar una barrera, es mantener una y crear otra peor».
La eólica reina y el veto a los servidores foráneos
Begoña Villacís, directora ejecutiva de la patronal, denuncia además que el Gobierno se ha «autoexcluido» de esta norma, flexibilizando las exigencias exclusivamente para los proyectos públicos. Ante esta situación, SpainDC ya ha anunciado que acudirá al Consejo de Estado y a Europa para activar todas las vías jurídicas que impidan este hachazo normativo.
En el frente de la soberanía digital, el texto blinda el mercado local (está vetado alojar sistemas del sector público español si no se certifica que los datos permanecerán en la Unión Europea). Para intentar hacer frente a esta estricta demanda hiperregulada, España cuenta con la ventaja de su potente mix renovable, que en 2025 alcanzó un 55,5% de cuota verde liderado por la eólica (21,6%).
