Trámites, burocracia o ratificación son palabras que inevitablemente evocan a Europa. El salto que la Unión Europea dio en julio para favorecer la recuperación de los países más golpeados por la pandemia no fue sino un primer movimiento que habría de desencadenar toda la maraña de trámites, burocracia y ratificaciones necesaria para llevarlo a cabo.
A pesar de que en aquel momento se llegó a un acuerdo por unanimidad, ya se han producido retrasos e intentos de influir en una decisión ya tomada, como los de Polonia y Hungría. Y es de esperar que haya algunos países que pongan más trabas, según explicó el representante de la Comisión Europea en España, Francisco Fonseca.
En un encuentro con la prensa, Fonseca advirtió de que «va a haber países frugales», como Dinamarca, que revisarán «hasta la última coma». En ese sentido, hay que tener en cuenta que la recuperación consta de dos requisitos principales. El primero consiste en la aprobación de los parlamentos nacionales para introducir nuevos recursos propios, entre ellos los nuevos impuestos y la emisión de deuda.
En segundo lugar, se necesita que tanto Bruselas como el resto de países, representados por el Consejo Europeo, den el visto bueno a los planes de recuperación de cada uno de los países. Sin embargo, Fonseca se inclina a pensar que las garantías que se han introducido son suficientes como para que las advertencias de los países más duros no sean más que una pose.
Así, las garantías consisten en la aprobación inicial del plan por parte del Consejo Europeo, posteriormente se revisará su cumplimiento cada seis meses y, por último, se puede llegar a congelar la distribución de fondos si no se cumple con los compromisos acordados. En opinión del portavoz de la Comisión Europea en España, el final de todo ese proceso llegará en mayo, cuando los parlamentos nacionales ratificarán las nuevas medidas y, a la vez, Bruselas y el Consejo Europeo validarán los planes de recuperación.
