Las grandes plataformas digitales se enfrentan a un desafío legal sin precedentes. Dos jóvenes han llevado a Meta y Snap ante un tribunal de Los Ángeles alegando que características como el «scroll» infinito fueron diseñadas deliberadamente para generar adicción.
Este proceso judicial ha sido catalogado como un caso de referencia. El veredicto de este jurado dictará la estrategia corporativa a seguir para resolver las más de 3.000 demandas individuales similares que se acumulan actualmente en los juzgados californianos.
El riesgo de sentar precedente
El impacto financiero de una derrota en los tribunales podría ser devastador para la industria. El pasado mes de marzo, un jurado ya condenó a las tecnológicas a pagar 6 millones de dólares por negligencia en el primer juicio de esta naturaleza.
La defensa del sector tecnológico se ha escudado tradicionalmente en la «Sección 230», una ley federal que exime a las plataformas de responsabilidad sobre el contenido. Sin embargo, la jueza ha rechazado este argumento al poner el foco en el diseño técnico del algoritmo.
La batalla técnica de Zuckerberg
El equipo legal de Mark Zuckerberg confía en la complejidad probatoria de este proceso. Los abogados corporativos consideran que es extremadamente difícil para los demandantes demostrar un vínculo directo entre el uso de la red social y el daño psicológico individual.
Desde la cúpula directiva insisten en que la salud mental está condicionada por múltiples factores. Además, los portavoces de Snap defienden que la arquitectura de su red es diferente a la competencia porque no prioriza un «feed» público y abierto para sus usuarios.
Acuerdos extrajudiciales en la sombra
Para mitigar riesgos bursátiles, las compañías están optando por blindarse con acuerdos extrajudiciales. En este mismo caso, las demandantes ya pactaron silenciosamente con TikTok y YouTube, retirando todos los cargos contra ambas firmas antes de ir a juicio.
Esta misma estrategia de contención corporativa le costó a Meta hasta 18.000 millones de dólares el pasado mes de agosto. Ese macroacuerdo sirvió para cerrar las reclamaciones impulsadas por casi todos los estados del país sobre el impacto de Instagram en los menores.
