La constructora OHLA ha abierto una negociación con sus acreedores para evitar que una condena judicial en Qatar active un impago técnico en su deuda. El detonante es una indemnización de 26,4 millones de euros que los tribunales del país le exigen abonar por la obra del Hospital de Sidra, en Doha. La sentencia quedó firme el pasado 30 de agosto, cuando el Tribunal de Casación catarí ratificó el fallo dictado en apelación.
El pago corresponde de forma solidaria a Kentz y Voltas, las dos empresas que asumieron la instalación electromecánica y parte de la ingeniería del complejo. Ni la compañía española ni su socio en el proyecto, Contrack Cyprus, conservan patrimonio significativo en territorio catarí.
Dos años de margen por la vía del exequátur
Ese detalle abre una vía procesal. Las dos empresas tendrían que perseguir los bienes del grupo fuera de Qatar mediante un exequátur, es decir, pidiendo a la justicia española que reconozca y homologue la resolución extranjera. El trámite puede alargarse hasta dos años y la empresa que dirigen Luis Amodio, presidente, y Tomás Ruiz, consejero delegado, anticipa que se opondrá. Mientras no exista pronunciamiento definitivo, el desembolso queda en suspenso.
El problema no es la caja, sino los contratos de financiación. Una orden de ejecución dispararía un supuesto de incumplimiento (event of default) y, con él, el temido efecto dominó sobre el resto del pasivo. Para desactivarlo, el grupo ha pedido a la banca que renuncie a invocar esa cláusula en las tres líneas de crédito y avales que mantiene abiertas:
- FSM Facility
- CESCE Bonding Facility
- New CESCE Bonding Facility
La renuncia se prolongaría hasta la más temprana de tres fechas: el 3 de enero de 2027, salvo que los bonistas aprueben antes sus propias resoluciones; el vencimiento fijado en cada financiación; o el momento en que la sentencia del exequátur resulte firme y vinculante.
Los bonistas votan el 29 de septiembre
La misma petición ha llegado a los tenedores de bonos, que suman un saldo de 342,79 millones de euros con vencimiento a cierre de 2029. Se les reclama una renuncia irrevocable, permanente e incondicional a los incumplimientos de la Condición 12(d) vinculados a las cantidades pendientes por la obra de Doha. También a los de la Condición 12(c), referida a la deuda financiera que pudiera declararse vencida y exigible por la orden de ejecución.
La propuesta necesita el visto bueno de la mitad del nominal en circulación. El plazo para pronunciarse por vía telemática vence el 24 de septiembre a las 11.00 horas. Si no se alcanza ese umbral, las resoluciones se votarán en la asamblea de bonistas prevista cinco días después, el 29 de septiembre.
Kroll, que actúa como emisor de la solicitud, defiende el acuerdo junto a la constructora. En el documento remitido a los inversores sostienen que la alternativa acarrearía «consecuencias para las operaciones en curso y la situación financiera de la sociedad que serían sustancialmente más graves y potencialmente irreversibles, incluido el riesgo de incumplimiento cruzado (cross-default) respecto de otra deuda financiera». La compañía mantiene que agotará todos los recursos legales a su alcance.
Un contrato de 1.800 millones roto en 2014
El origen del litigio está en 2008. Qatar Foundation, entidad de titularidad estatal, adjudicó a la sociedad conjunta del grupo español (55%) y Contrack Cyprus (45%) un hospital de alta tecnología con centro de investigación en la capital catarí. El presupuesto rebasaba los 1.800 millones de euros.
Los retrasos, los sobrecostes y las diferencias sobre el diseño acabaron con la relación. La fundación rescindió el contrato de forma unilateral en 2014, echó a las adjudicatarias de la obra y ejecutó los avales bancarios. Las subcontratas reclamaron entonces impagos, trabajos sin retribuir y daños por la paralización; las dos socias contraatacaron por incumplimiento, mientras el grupo litigaba además en un arbitraje internacional contra la propia promotora.
