La constructora Acciona Construcción ha puesto número a su relación con Servinabar 2000 ante el juzgado que indaga en las presuntas comisiones por obras del Ministerio de Transportes. La sociedad facturó 1.957.000 euros, impuesto incluido, al consorcio que levantó la variante de Logroño, uno de los contratos que centran el caso Koldo.
El reconocimiento llega por escrito, con fecha del 15 de octubre, y tiene como destinatario a Ismael Moreno, juez de la Audiencia Nacional que instruye el grueso de la causa. El magistrado había reclamado esos datos el 17 de julio a instancias de Tomás Olarte, antiguo directivo del grupo que figura como investigado en la pieza sobre contratación pública. El envío es tan voluminoso que las partes lo consultarán a través de una plataforma digital.
Junto a las facturas, la compañía aporta albaranes, partes de trabajo firmados, registros de horas, fichajes de entrada, vehículos empleados y resúmenes mensuales de jornadas. Incluye también dos actas del comité de gerencia —la primera y la décima— y la correspondencia electrónica del técnico superior que la sociedad destinó a la obra. El material acredita cuánto se facturó; determinar si esos servicios existieron queda en manos de la investigación.
Un pacto firmado cuatro días después
La UCO ya había reconstruido el origen de esa colaboración en un informe difundido en noviembre de 2025. Apenas cuatro días después de que trascendiera el proyecto, en diciembre de 2018, ambas partes «firmaron un memorándum de entendimiento para trabajar conjuntamente y desarrollar exitosamente la oportunidad de negocio relativa a la construcción de la A-68 Variante Logroño: Arrúbal-Navarrete». El texto reservaba a la constructora el papel de contratista y a la otra firma el de «consultora» en prevención, riesgos laborales y planes de emergencia, por algo más de dos millones de euros.
El contrato de la autovía A-68 salió adelante el 11 de septiembre de 2019 con un importe de 92.416.975,61 euros. Lo otorgó la Dirección General de Carreteras, adscrita entonces al ministerio que encabezaba José Luis Ábalos, a la unión temporal formada por Acciona y Aquaterra. Los agentes han detectado retribuciones cercanas al 2% en los contratos de obra pública bajo sospecha.
Las cuentas de la sociedad dependían casi por completo del grupo constructor. El análisis patrimonial de julio sitúa en el 87,04% la parte de sus ingresos atribuible a la compañía o a proyectos ligados a ella. Un estudio previo, hecho con otro criterio, había identificado 6.707.294,67 euros procedentes directamente de la constructora, equivalentes al 75,33% de lo examinado.
El 45% que compró Cerdán
Los investigadores hallaron un acuerdo privado de 2016 por el que Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, pasaba a controlar el 45% de la empresa que administra Antxon Alonso. El último informe patrimonial calcula en 323.178,41 euros los gastos personales y servicios que él y varios allegados habrían disfrutado con cargo a la compañía entre 2015 y 2024. El rastreo alcanza también a Levantina Ingeniería y Construcción y a Obras Públicas y Regadíos.
La Fiscalía entiende que aún queda por aclarar de dónde salía todo ese dinero. Moreno decidió por ello reclamar a otro instructor los soportes incautados en la vivienda de Milagro y la documentación que entregó el partido, después de haber autorizado el examen de productos bancarios del entorno familiar.
El mismo auto zanja otra pugna. Luis Pastor Motta, fiscal de Anticorrupción, rechaza que Alonso inspeccione en dependencias policiales su móvil y la tarjeta SIM intervenidos: ve ahí «una excusa para cuestionar la cadena de custodia» y tilda la petición de «absurda y no tiene ningún sentido». La Guardia Civil alega que duplicar la tarjeta inutilizaría la original y apunta a un posible intento de phishing. El juez resolverá cuando venzan los plazos de alegaciones.
