Tabla de contenidos
La economía digital ha cambiado las reglas del juego. Los ciudadanos generan una cantidad creciente de información sobre sus vidas y las empresas han convertido esos datos en una fuente de innovación, productividad y negocio.
Pero la tecnología avanza más rápido que las reglas que la sociedad se ha dado para proteger derechos y garantizar que los beneficios de esta transformación lleguen al conjunto de la sociedad.
¿Qué es el contrato social?
¿Qué es un contrato social? En términos sencillos, es el pacto que establece las reglas de convivencia: qué derechos tenemos, qué obligaciones asumimos y qué estamos dispuestos a ceder a cambio de seguridad y orden.
Durante mucho tiempo, ese pacto se construyó alrededor de tres elementos: un territorio, una identidad común y la voluntad de ceder parte de nuestra soberanía a unas instituciones que establecen las reglas.
Pero internet ha cambiado las tres cosas.
«Las redes sociales son mucho más grandes que países», planteó José María Álvarez-Pallete en Undersummit Logroño. Y ahí aparece una de las grandes preguntas de la economía digital: ¿cuál es el territorio cuando nuestra actividad se desarrolla en espacios digitales que atraviesan fronteras?
También cambia la identidad. Un usuario puede formar parte simultáneamente de una comunidad local, de un país y de una plataforma global. Y, finalmente, cambia quién tiene capacidad para establecer las reglas.
«¿Vamos a dar espacio a las nuevas tecnológicas?», se pregunta Álvarez-Pallete al abordar quién debería participar en la construcción de ese nuevo pacto.
El dato como nuevo territorio
Esta transformación tiene una dimensión económica evidente.
Cada día generamos datos sobre dónde estamos, qué compramos, qué buscamos, qué contenidos consumimos o qué nos interesa. Esa información permite a las empresas conocer mejor a sus clientes, desarrollar productos, optimizar procesos y crear nuevos servicios.
«Cada día generamos datos que describen nuestra vida con precisión», señala Álvarez-Pallete.
El dato se ha convertido así en un activo estratégico. Pero también en una cuestión de poder. Cuanta más información se concentra, mayor es la capacidad para analizar comportamientos, anticipar decisiones y construir nuevos modelos de negocio.
Por eso, la privacidad ya no puede entenderse únicamente como una cuestión jurídica. También es una cuestión económica y empresarial.
La confianza del usuario se convierte en un activo. Las compañías que sepan utilizar los datos de manera transparente y responsable tendrán que demostrar no solo qué pueden hacer con ellos, sino también qué han decidido no hacer.
El propósito de la empresa también cambia
El debate sobre el nuevo contrato social va, sin embargo, más allá de los datos.
La transformación económica y tecnológica también obliga a replantear cuál debe ser el papel de las empresas en la sociedad. CIDOB ha situado esta cuestión en el centro del debate europeo sobre el nuevo contrato social, relacionándola con la pérdida de confianza, el aumento de la desigualdad, la menor movilidad social y la presión sobre la distribución de las rentas.
Para las compañías, esto plantea una cuestión de fondo: ¿debe el propósito empresarial limitarse a generar beneficios o debe incorporar también el impacto que la actividad de la empresa tiene sobre la sociedad?
En la economía digital, la pregunta adquiere todavía más relevancia. Las empresas no solo generan empleo, productos o servicios. Algunas controlan infraestructuras digitales, gestionan grandes volúmenes de datos y desarrollan tecnologías capaces de transformar sectores enteros.
Eso les concede una influencia que hace unas décadas estaba principalmente en manos de los Estados.
El nuevo contrato social tendrá que encontrar, por tanto, un equilibrio entre competitividad empresarial, creación de valor, derechos individuales y cohesión social.
La inteligencia artificial acelera el debate
La llegada de la inteligencia artificial generativa hace todavía más urgente esta conversación.
«Está desbordando el contrato social porque es capaz de hacer muchas más cosas de las que hasta ahora se podían hacer», afirma Álvarez-Pallete.
La IA puede analizar enormes cantidades de información, generar contenidos, automatizar tareas y realizar procesos que antes requerían intervención humana. Pero precisamente por eso obliga a establecer nuevos límites y responsabilidades.
«Esta tecnología emula pensamiento, es capaz de tener un cierto razonamiento y es la primera vez que el ser humano produce algo así», explica.
La cuestión no es frenar estas capacidades, sino decidir qué decisiones queremos seguir reservando a las personas.
«No le podemos delegar a la tecnología el 100% porque hay cosas que son nuestras, que son del ser humano», sostiene.
Para las empresas, esto implica que la adopción de IA no debería reducirse a una cuestión de eficiencia. También afecta a la gobernanza, la responsabilidad, la privacidad y la relación con clientes y empleados.
Un pacto que también necesita a las empresas
El nuevo contrato social digital no puede construirse únicamente desde los gobiernos.
Las instituciones deben crear reglas claras y adaptadas a una tecnología que cambia a gran velocidad. Los ciudadanos necesitan mayor conocimiento y control sobre sus datos. Y las empresas tienen que incorporar privacidad, seguridad, transparencia y supervisión humana en sus modelos.
Pero también tienen que participar en una conversación más amplia sobre el futuro del trabajo, la distribución de los beneficios de la tecnología y el propósito de la actividad empresarial.
No se trata de elegir entre innovación y derechos.
El verdadero desafío es conseguir que la innovación sea compatible con la confianza, la inclusión y la creación de valor compartido.
Porque los datos pueden ser una materia prima extraordinaria para la economía y la inteligencia artificial puede convertirse en uno de los grandes motores de productividad de las próximas décadas. Pero detrás de cada dato hay una persona y detrás de cada transformación tecnológica hay trabajadores, consumidores y empresas.
La pregunta ya no es si necesitamos nuevas reglas. Es quién debe participar en su definición y cómo conseguimos que sigan siendo válidas cuando la tecnología vuelva a cambiar.
Álvarez-Pallete lo resume en una propuesta que abre un debate que apenas estamos empezando a abordar: «Es la hora de redactar un nuevo contrato social».
