El esfuerzo que asume una familia española para pagar sus impuestos directos supera en un 16,5% a la media europea. Esta es la dura advertencia que lanza el Instituto de Estudios Económicos (IEE) en su reciente informe «Competitividad Fiscal 2025».
La radiografía deja al país en un lugar delicado. El sistema tributario español se hunde hasta el puesto 34 de los 38 que componen la OCDE, perdiendo cinco posiciones desde 2018 y alejándose de los modelos más ágiles que lideran naciones como Estonia o Suiza.
La trampa del IRPF y la inflación
Esta pérdida de fuelle se explica, en gran medida, por la llamada «progresividad en frío». Al no deflactar los tramos del IRPF para adaptarlos al coste de la vida, cualquier subida de sueldo para compensar la inflación acaba directamente absorbida por Hacienda.
Como resume de forma gráfica Gregorio Izquierdo, director general de la entidad, el contribuyente español soporta una losa invisible: «mismo sueldo real, pero se pagan más impuestos». Dentro de las grandes potencias comunitarias, solo Italia aprieta más a sus ciudadanos.
Un zarpazo a las cuentas corporativas
El tejido empresarial tampoco se libra de este exceso de equipaje. En 2024, las compañías españolas soportaron el 33,9% de toda la recaudación fiscal del país, una cifra que choca frontalmente con el 26% que registra la media de los Veintisiete.
Los números reflejan un endurecimiento histórico que lastra la inversión. Además de un Impuesto de Sociedades clavado en el 25% (frente al 21,5% europeo), las compañías sufren una doble tributación en los dividendos y unas cotizaciones sociales disparadas.
La factura oculta de la burocracia
Cumplir con Hacienda es, además, un auténtico devorador de tiempo. El laberinto normativo obliga a las empresas a destinar unas 150 horas anuales a presentar y pagar tributos, un sobrecoste burocrático que castiga especialmente la agilidad operativa de las pymes.
Frente a la tentación de seguir subiendo tipos, el IEE propone otra receta. Acercar las tasas de desempleo y la economía sumergida a la media del Viejo Continente permitiría engordar las arcas públicas en 39.000 millones de euros sin tocar los bolsillos de siempre.
