La Unión Europea ha iniciado la revisión de MiCA, su principal marco regulatorio para el mercado de criptoactivos. El proceso podría modificar las normas aplicables a las stablecoins, las plataformas de intercambio y servicios que actualmente permanecen fuera de la regulación, como las finanzas descentralizadas o los préstamos con criptomonedas.
La Comisión Europea abrió el proceso de consulta el pasado 20 de mayo para comprobar si la normativa sigue siendo adecuada ante la evolución del mercado. La consulta técnica permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre de 2026 y sus conclusiones podrán desembocar en una propuesta legislativa para modificar o ampliar MiCA.
MiCA se aplica plenamente desde diciembre de 2024 y creó por primera vez un marco común para emisores de criptoactivos, stablecoins y proveedores de servicios en toda la Unión Europea. Apenas dos años después, Bruselas considera necesario analizar su funcionamiento y adaptarlo a nuevos productos y modelos de negocio.
Las stablecoins podrían ofrecer intereses
Uno de los cambios más relevantes afecta a la remuneración de las stablecoins. La regulación actual prohíbe que emisores, distribuidores y plataformas concedan intereses o cualquier retribución equivalente a sus usuarios por mantener estos activos.
La Comisión pregunta ahora a la industria si esta prohibición debe mantenerse o si los intereses podrían permitirse total o parcialmente bajo determinadas condiciones. El documento no plantea todavía una decisión cerrada, sino diferentes alternativas para evaluar sus beneficios y sus riesgos para los consumidores y la estabilidad financiera.
Bruselas también analiza el papel de las stablecoins denominadas en euros y su capacidad para reforzar la autonomía europea en pagos minoristas y mayoristas. La consulta examina, además, las restricciones existentes para los tokens ligados a monedas que no son oficiales en ningún Estado miembro.
Otro punto de debate son las stablecoins emitidas simultáneamente por entidades situadas dentro y fuera de la Unión. La Comisión estudia si debe mantener estos modelos de emisión múltiple y cómo evitar problemas relacionados con la localización de las reservas, los reembolsos o el arbitraje regulatorio entre países.
DeFi, staking y préstamos entran en el debate
La revisión también podría ampliar MiCA a las finanzas descentralizadas. Actualmente, los servicios prestados de manera completamente descentralizada y sin intermediarios identificables quedan fuera de la normativa, pero Bruselas estudia sistemas de certificación para determinados protocolos y contratos inteligentes.
Entre las opciones planteadas figura exigir certificados a los protocolos que no estén plenamente descentralizados, introducir herramientas de cumplimiento desde su diseño o impedir que las plataformas reguladas conecten a sus clientes con aplicaciones DeFi que no hayan sido certificadas. La consulta incluye incluso preguntas sobre las carteras sin custodia desarrolladas por terceros.
El staking, los préstamos y el endeudamiento con criptoactivos también podrían recibir una regulación específica. Aunque el staking está vinculado actualmente a los servicios de custodia contemplados en MiCA, la Comisión pregunta si debe convertirse en una actividad regulada por separado y si los préstamos entre usuarios y plataformas necesitan requisitos propios.
NFT y derivados bajo revisión
La Comisión examina igualmente si deben regularse los proveedores de servicios relacionados con NFT, que están fuera de MiCA cuando los activos son realmente únicos y no fungibles. También estudia qué marco debería aplicarse a los mercados de predicciones, los futuros perpetuos y los depósitos bancarios tokenizados.
La revisión alcanza, además, a las plataformas de intercambio y custodia. Bruselas plantea introducir nuevas pruebas de idoneidad para clientes minoristas, revisar las exigencias mínimas de capital y reforzar las herramientas para bloquear a operadores extranjeros que presten servicios en Europa sin autorización. El documento contabilizaba alrededor de 170 proveedores registrados o notificados en 18 Estados miembros.
Las medidas se encuentran todavía en fase de consulta y no suponen una reforma aprobada. Sin embargo, el alcance de las preguntas muestra que Bruselas prepara una revisión profunda de las reglas del sector, con el objetivo de ampliar la protección de los inversores sin dejar a Europa fuera de la evolución de los mercados globales de activos digitales.
