Google, Meta Platforms y TikTok han interpuesto este miércoles sendas demandas contra el estado de California. Las tres grandes corporaciones tecnológicas buscan paralizar una nueva normativa estatal diseñada para mitigar el riesgo de adicción entre los menores de 16 años.
La legislación, denominada Proyecto de Ley 1709, prohíbe explícitamente a las plataformas incorporar «características de explotación psicológica». Esto incluye restringir herramientas algorítmicas que fomentan el uso compulsivo, como recomendaciones personalizadas o la reproducción automática.
Libertad de expresión frente al Estado
En sus recursos legales, presentados en los tribunales de San José, San Francisco y Los Ángeles, las compañías argumentan que la ley les obliga a someterse a la visión del Estado sobre los contenidos. Denuncian que la norma sustituye el criterio de los padres por el juicio gubernamental.
En términos jurídicos, las empresas sostienen que esta regulación viola la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, garante de la libertad de expresión. Asimismo, aseguran que vulnera la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que exime a las plataformas de responsabilidad sobre el contenido de terceros.
La defensa y las críticas del sector
Gavin Newsom, gobernador de California, firmó la ley el pasado mes de septiembre advirtiendo que «no nos quedaremos de brazos cruzados mientras la tecnología no regulada pone en riesgo a nuestros hijos». La norma entrará en vigor el 1 de enero de 2027 si los tribunales no la bloquean.
Por su parte, Jose Castaneda, portavoz de Google, defendió que «los padres están en la mejor posición para tomar las decisiones correctas para sus familias», y aseguró que leyes tan amplias «rompen los sistemas que hemos construido para ayudar a los niños».
El frente común de las plataformas
Meta argumentó en su demanda que el Estado no puede anular sus criterios editoriales sobre cómo exhibir miles de millones de publicaciones. La firma criticó que la normativa deje a los menores libres para consumir contenido ilimitado en otras plataformas sin restricciones similares.
TikTok se sumó al bloque alegando que el discurso protegido «no puede suprimirse únicamente para proteger a los jóvenes de ideas o imágenes que un cuerpo legislativo considera inadecuadas». Mientras tanto, Rob Bonta, fiscal general de California, ya revisa las demandas bajo la promesa de «defender las leyes de sentido común».
