El juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra BBVA, su expresidente Francisco González y otras catorce personas (entre antiguos directivos y mandos policiales) por la trama de espionaje corporativo.
El magistrado asume los escritos de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones particulares para sentar en el banquillo a la entidad bancaria como persona jurídica por delitos de cohecho y 52 cargos de descubrimiento y revelación de secretos.
Los hechos a juzgar se centran en la cadena de encargos presuntamente ilegales realizados a la empresa Cenyt (vinculada al excomisario de policía José Manuel Villarejo) a lo largo de más de una década, concretamente entre los años 2004 y 2016.
La Sala de lo Penal será el órgano encargado del enjuiciamiento definitivo de esta macrocausa.
Peticiones de cárcel históricas y fianzas millonarias
El horizonte penal dictado por el instructor dibuja peticiones de condena sin precedentes en el sector financiero. La Fiscalía solicita 173 años de prisión para Francisco González, a quien se le acusa de cohecho activo y pasivo, 42 delitos de revelación de secretos, pertenencia a grupo criminal, administración desleal y falsedad documental.
Por su parte, Villarejo se enfrenta a 216 años de cárcel, mientras que la pena más alta (243 años) recae sobre el entonces jefe de Seguridad del banco y antiguo comisario, Julio Corrochano.
Para asegurar las responsabilidades civiles derivadas del proceso, el juez ha fijado una fianza conjunta de 1.173.333 euros.
El auto incluye un apercibimiento claro: si los acusados no depositan esta cantidad en un plazo máximo de tres días, se procederá al embargo inmediato de sus bienes.
La cúpula directiva y la «obediencia ciega»
Junto a la presidencia y el área de seguridad, el auto arrastra al banquillo a gran parte de la plana mayor de la entidad de aquella época. Entre los procesados figuran el ex consejero delegado, Ángel Cano; el exdirector de los servicios jurídicos, Eduardo Arbizu; el antiguo director del gabinete de presidencia, Joaquín Gortari; y el exdirector de Riesgos, Antonio Béjar.
Según relata el escrito de Anticorrupción, esta arquitectura de contrataciones y pagos opacos fue posible porque contaba con la autorización directa y personal de la presidencia y los más altos directivos.
Todo ello operó en un entorno corporativo que carecía de un programa de prevención capaz de frenar la comisión de ilícitos en las altas esferas. Pese a que los encargos incumplían todas las normativas internas de facturación y formalización de servicios, los empleados tramitaron los pagos impulsados por la convicción firme y arraigada de que debían acatar las instrucciones de la presidencia de forma incondicional, al margen de las reglas de cumplimiento del banco.
