Plus Ultra prepara un expediente de regulación de empleo (ERE) que pone en riesgo los puestos de sus 679 trabajadores, en un plan de reestructuración que también suspende rutas habituales. La aerolínea atraviesa una grave situación financiera pese al rescate público de 53 millones de euros recibido tras la pandemia.
La medida responde a lo que el comité de empresa describe como un «importante agravamiento, tanto desde el punto de vista económico como operativo y laboral». Los representantes de los trabajadores advierten de que «no vamos a ocultar la realidad ni a generar falsas expectativas».
Nuevo plan corporativo
El proyecto contempla reducir la flota, actualmente compuesta por seis aviones operativos de fuselaje ancho, y replegarse en rutas comerciales, entre ellas varias regulares de largo radio entre España y Latinoamérica.
Incluye además la amortización definitiva de puestos de trabajo y la posibilidad de negociar medidas temporales, como reducciones de jornada o suspensiones de contrato a través de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), que permitiría reducir la jornada entre un 10% y un 70% sin despido definitivo.
La empresa aún no ha concretado la cifra final de despidos ni cómo se repartirá el ajuste por áreas. Tampoco se ha iniciado formalmente el periodo de consultas ni existe una decisión individualizada sobre la extinción de contratos.
Se construye una comisión negociadora
El comité de empresa ha pedido la constitución de la comisión negociadora y exigirá primero toda la documentación económica, financiera y operativa para realizar una auditoría contable que verifique la situación real de la compañía.
Sus representantes centrarán los esfuerzos en defender alternativas temporales que eviten despidos definitivos y velarán por el cumplimiento de la ley laboral y del convenio colectivo. «La constitución de la mesa negociadora no supone aceptar las medidas propuestas por la empresa», advierten.
El anuncio llega mientras sigue abierta la polémica en torno al rescate público, una de las ayudas más controvertidas del fondo gestionado por la Sepi. Aunque los tribunales avalaron la legalidad de la operación, el caso continúa generando derivadas judiciales y políticas, con investigaciones centradas en las gestiones que rodearon la concesión de los fondos.
