Los legisladores suizos se enfrentan a un complejo laberinto regulatorio tras el colapso de Credit Suisse en 2023. Si imponen reglas de capital demasiado estrictas, UBS podría trasladar su sede al extranjero. Por el contrario, si aprueban normativas demasiado laxas, se arriesgan a desencadenar un referéndum ciudadano que prolongue la incertidumbre financiera nacional.
Un comité de la Cámara Baja comenzará a debatir el próximo 26 de octubre las estrictas normas bancarias aprobadas el mes pasado por la Cámara Alta, unas medidas que la cúpula directiva del gigante financiero ya ha tachado de intolerables.
La amenaza de la fuga corporativa
Los grandes inversores internacionales han instado a la entidad a abandonar Suiza en busca de un entorno regulatorio más amable. Ante esta enorme presión de los mercados, el banco ya está redactando planes de contingencia que incluyen el traslado de su sede central o una posible fusión con otro gran prestamista extranjero. Sin embargo, perder su histórica identidad helvética podría ser un precio inasumible para el administrador de patrimonios con sede en Zúrich.
Leo Mueller, legislador del Partido del Centro, reconoce que el Parlamento se encuentra en una situación muy delicada. El político advierte de que si suavizan demasiado el texto se enfrentarán a un referéndum de rechazo popular, mientras que si aplican mano dura el banco buscará hacer negocios en otra jurisdicción.
El pulso por los colchones de liquidez
El núcleo del conflicto radica en las reservas exigidas. La Cámara Alta ha decidido que la corporación debe respaldar a sus filiales extranjeras con un capital de nivel 1 ordinario (CET1) del 90%, frente al colchón actual del 60%. Esta postura choca frontalmente con los intereses de la entidad, que argumenta que este drástico incremento es excesivo y dañará irremediablemente su competitividad internacional.
Por su parte, Karin Keller-Sutter, ministra de Finanzas, presiona para que el Parlamento apruebe definitivamente ese objetivo del 90% para evitar la amenaza ciudadana. En el extremo opuesto, la formación de los Socialdemócratas exige elevar la barrera hasta el 100% y amenaza con convocar una consulta pública si las instituciones ceden ante la presión bancaria antes del mes de diciembre.
En busca de un acuerdo de mínimos
En un intento por salvar las negociaciones, Hans-Peter Portmann, legislador del Partido Liberal (FDP), ha propuesto fijar el requisito de capital en el 75% combinado con un mecanismo adicional para reforzar la absorción de pérdidas en escenarios de crisis. A pesar de estas vías alternativas de consenso, el apoyo político a la línea dura es mucho más fuerte de lo esperado inicialmente.
Olivier Feller, diputado del FDP, pronostica que la Cámara Baja terminará conformándose con la barrera del 90%, recordando que Suiza es ahora un país pequeño que depende en exclusiva de un banco gigantesco. En esta misma línea, Urs Saxer, profesor de derecho de la Universidad de Zúrich, asegura que cualquier pacto final rondará esa cifra y descarta una salida abrupta de la entidad. «UBS no actuará de forma irracional, la estabilidad y la seguridad jurídica que ofrece Suiza no son fáciles de encontrar hoy en día», concluye el académico.
