La justicia estadounidense ha paralizado el bloqueo impuesto por el Pentágono a la tecnológica Anthropic, considerando la medida como una represalia. La disputa estalló cuando la empresa prohibió al Ejército el uso militar de sus sofisticados algoritmos.
El fallo dictamina que Pete Hegseth, secretario de Defensa, se extralimitó al etiquetarla como un «riesgo para la seguridad nacional». Esta grave e inédita designación gubernamental amenazaba con hundir contratos comerciales valorados en miles de millones de dólares.
Un varapalo judicial histórico
Rita Lin, jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU., firmó una contundente orden de 59 páginas donde califica la decisión militar como «ilegal e infundada». Es la primera vez que se aplica esta oscura normativa de compras a una empresa estadounidense de este calibre.
«La vacía invocación de la seguridad nacional no es un cheque en blanco para castigar y tomar represalias», redactó la magistrada nombrada por Joe Biden, expresidente demócrata. Anthropic celebró la resolución, mientras que el Ejército evitó hacer comentarios públicos.
El dilema ético de las armas autónomas
El choque institucional nace de la firme política ética corporativa de la empresa californiana. La directiva se negó en rotundo a ceder su popular modelo «Claude» para tareas de vigilancia interna o armamento, argumentando que estos sistemas aún no son lo bastante fiables.
Por el contrario, el Pentágono insiste en que las firmas privadas no pueden coartar sus operaciones. El Departamento de Justicia defendió en los tribunales que las limitaciones de uso del software podrían deshabilitar sistemas bélicos clave en mitad de misiones internacionales.
Batalla por la libertad de expresión
En su histórica demanda, la compañía tecnológica alegó una flagrante violación de su derecho constitucional. Denunciaron haber sufrido un ataque comercial directo únicamente por defender públicamente su estricta visión sobre los límites de la inteligencia artificial.
Además, reclamaron que el Estado les negó el debido proceso al aplicar el veto sin previo aviso. Esta no es su única batalla vigente, ya que mantienen otra querella abierta en Washington para evitar que esta mancha les excluya de futuras licitaciones de carácter civil.
