Japón ha sucumbido a las presiones comerciales de Washington. El país asiático invertirá hasta 21.000 millones de dólares para construir dos nuevas fábricas de semiconductores en el estado de Nueva York, un pacto canalizado a través de la empresa GlobalFoundries, controlada mayoritariamente por el fondo soberano de Abu Dabi.
Este multimillonario desembolso forma parte de una promesa de inversión total de 550.000 millones de dólares acordada en julio de 2025 con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, a cambio de reducir las barreras arancelarias. Bajo las estrictas condiciones de este acuerdo, es el mandatario estadounidense, y no el Gobierno nipón, quien tiene el poder exclusivo para seleccionar los proyectos que recibirán los fondos.
Un «impuesto» para mantener la alianza
Los analistas advierten de que este peaje diplomático apenas servirá para resucitar a la industria nacional o blindar su propia cadena de suministro. Nori Chiou, director de inversiones en White Oak Capital, subraya la paradoja estratégica de la operación: «Japón está financiando la capacidad de semiconductores de Estados Unidos sin ganar necesariamente gran parte de la tecnología avanzada o las capacidades de fabricación nacional que desea».
La exigencia reabre viejas heridas en Tokio, recordando la década de los ochenta, cuando el país tuvo que restringir sus exportaciones a Norteamérica. Una fuente gubernamental ha reconocido bajo anonimato que este movimiento es «esencialmente una forma de ganar tiempo para mantener la relación» bilateral. En una línea mucho más dura, Atsushi Osanai, profesor de la Universidad de Waseda, sentencia que Japón tendrá que considerar esta inversión obligada simplemente como «un impuesto».
Pese a las críticas, Ryosei Akazawa, ministro de Industria de Japón, ha defendido públicamente la viabilidad del acuerdo. El responsable gubernamental, que negoció personalmente el pacto en su cargo anterior, aseguró que la financiación en el extranjero y el crecimiento interno son «totalmente compatibles», recordando que Estados Unidos necesita a su socio asiático para mantener su supremacía económica y de seguridad.
Tensión financiera y alternativas locales
A nivel interno, la situación financiera nipona es extremadamente delicada. El país ostenta la mayor ratio de deuda sobre el PIB del mundo desarrollado, lo que ha despertado los recelos de los inversores frente a los planes de Sanae Takaichi, primera ministra de la nación. Su agresiva agenda económica proyecta movilizar 2,3 billones de dólares de inversión público-privada hasta 2040 en sectores estratégicos como la inteligencia artificial y los chips.
Mientras los bancos japoneses buscan el apoyo de gigantes como JPMorgan para poder adquirir el enorme volumen de dólares necesarios para cumplir con el pacto neoyorquino, el Ejecutivo intenta mantener a flote sus propias alternativas locales. El Estado sigue inyectando capital en su cuestionado proyecto estrella, Rapidus, y mantiene vivos los subsidios para anclar la producción de firmas como TSMC, Micron y Kioxia en su territorio.
Para amortiguar las críticas por la fuga de capital hacia América, Tim Breen, consejero delegado de GlobalFoundries, adelantó que fabricantes de equipos nipones como Tokyo Electron experimentarán un repunte en sus ganancias al convertirse en proveedores directos de estas nuevas plantas estadounidenses.
