La Unión Europea debate ceder ante las tecnológicas para facilitarles el acceso a los datos personales de los ciudadanos, con el objetivo de perfeccionar los nuevos modelos algorítmicos. Los Estados miembro buscan fijar los límites jurídicos en plena carrera tecnológica.
La negociación, impulsada por Irlanda como actual presidencia del Consejo de la UE, gira en torno a un concepto legal clave: el «interés legítimo». Esta vía permitiría a las compañías procesar información masiva sin tener que pedir permiso directo al usuario.
La línea roja de la privacidad
Esta medida forma parte del paquete de simplificación «Digital Omnibus» presentado hace un año por la Comisión Europea. Acogerse al interés legítimo no implica un acceso libre, ya que las corporaciones deberán justificar que sus desarrollos respetan los derechos fundamentales.
Además, el marco normativo mantiene intacta la prohibición absoluta de procesar material considerado altamente sensible. Ninguna empresa de software podrá utilizar el historial médico, la orientación sexual, la biometría o la religión para entrenar sus sistemas de aprendizaje automático.
El temor de los consumidores
Pese a estas salvaguardias legales, las asociaciones en defensa de los usuarios han dado la voz de alarma frente a los legisladores comunitarios. Temen que incluir esta excepción en la normativa se acabe convirtiendo en una carta blanca para el rastreo indiscriminado por parte del sector privado.
El texto de compromiso sigue sobre la mesa sin un posicionamiento unánime por parte de los Veintisiete. El gran reto de las instituciones será redactar una norma definitiva que aporte seguridad jurídica a la industria sin desproteger la privacidad del ecosistema europeo.
