Mango y Puig han abierto la vía judicial en Estados Unidos para reclamar el impacto de los aranceles impulsados por Donald Trump. El movimiento se produce después de que varias compañías hayan acudido a los tribunales para recuperar pagos realizados bajo una política comercial declarada ilegal por la justicia estadounidense.
La ofensiva se enmarca en una batalla más amplia. El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó el 20 de febrero de 2026 que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no autorizaba al presidente a imponer aranceles de forma unilateral.
La sentencia abrió la puerta a una oleada de reclamaciones. Más de 1.000 empresas habían presentado demandas ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos para recuperar costes derivados de esos aranceles, según Associated Press.
Una factura para la expansión
Para Mango, el frente judicial coincide con una etapa de crecimiento en el mercado estadounidense. La compañía alcanzó en junio de 2025 las 50 tiendas propias en Estados Unidos y mantuvo su objetivo de convertir el país en uno de sus tres principales mercados por facturación.
Ese avance convierte los aranceles en algo más que una cuestión legal. Para una empresa de moda con presencia física, canal online y cadena de suministro internacional, cualquier sobrecoste en importación puede afectar a márgenes, precios y ritmo de aperturas.
Puig también tiene exposición relevante al mercado americano. En 2025, la región de Américas generó 1.760 millones de euros de ingresos netos, el 35% de su facturación, con Estados Unidos, Brasil y México entre sus principales mercados.
El efecto dominó empresarial
La vía judicial no afecta solo a compañías españolas. Ya en febrero L’Oréal, Dyson y Bausch + Lomb se habían sumado a las empresas que reclamaban devoluciones por aranceles pagados bajo las medidas comerciales de Trump.
El conflicto tiene una dimensión financiera considerable. La Administración estadounidense ha empezado a aceptar solicitudes de devolución por más de 166.000 millones de dólares en aranceles, tras la decisión del Supremo.
La situación sigue abierta porque la Casa Blanca ha intentado sostener nuevas medidas bajo otras bases legales. El Tribunal de Comercio Internacional también declaró ilegales en mayo los aranceles temporales del 10% aplicados bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, aunque el proceso continúa en apelación.
Riesgo comercial para el retail
El caso muestra cómo la política arancelaria de Estados Unidos se ha convertido en un riesgo operativo para empresas europeas con ambición internacional. Las compañías no solo deben vender más. También tienen que proteger su estructura de costes frente a decisiones regulatorias cambiantes.
En sectores como moda, perfumería y cosmética, los aranceles pueden golpear en varios puntos: producto terminado, componentes, logística, aprovisionamiento y precios finales. Esa presión resulta especialmente sensible cuando las marcas compiten por ganar escala en Estados Unidos.
La ofensiva de Mango y Puig refleja un giro de fondo. Las empresas españolas no se limitan a absorber el coste de la guerra comercial. También buscan recuperar parte de lo pagado y defender su posición en un mercado clave para su crecimiento internacional.
