Meta ha rechazado las acusaciones de 29 fiscales estatales de Estados Unidos, que atribuyen a Instagram y Facebook un diseño pensado para generar adicción entre niños y adolescentes. El juicio con jurado empieza este martes 18 en un tribunal federal de Oakland, en el norte de California. La reclamación económica de los demandantes alcanza al menos 1.400 millones de dólares.
La compañía trasladó su posición este jueves a la cadena ABC. Un portavoz calificó las acusaciones de «infundadas» y sostuvo que la demanda carece de soporte probatorio.
«Los fiscales no presentan pruebas»
«Los fiscales no presentan pruebas de que alguien en sus estados haya sido engañado, afirman que funciones inofensivas —como tener una cuenta adicional de Instagram— perjudicaron de alguna manera a sus residentes, e intentan penalizar a Meta por desafíos que afectan a toda la industria, como la verificación de la edad», declaró el portavoz.
El proceso lo dirigirá Yvonne Gonzalez Rogers, jueza del Distrito Norte de California, que escuchará los argumentos de las dos partes desde el martes. Los fiscales, entre ellos el de California, presentan el procedimiento como histórico.
La vista se prolongará entre cuatro y seis semanas. Está previsto que declaren Mark Zuckerberg, director ejecutivo del grupo, y Adam Mosseri, responsable de Instagram.
Los cambios que piden los estados
La tecnológica también rebatió la cuantía reclamada, que puede llegar a los 1.400 millones de dólares, y la tachó de «enormemente desproporcionada». «En lugar de ceñirse a los hechos o a la ley, los estados han decidido perseguir una compensación económica desorbitada», añadió el portavoz.
La demanda no se limita al dinero. Los estados reclaman modificaciones en las aplicaciones del grupo para las personas menores de 18 años, entre ellas la reproducción automática de vídeos.
Un precedente de 567 millones
La compañía llega al juicio de Oakland después de varias derrotas judiciales. La semana pasada, un juzgado del distrito de Santa Fe, en Nuevo México, la condenó a pagar 567 millones de dólares a un fondo de reparación para la salud mental de los jóvenes que deberá crear.
El tribunal consideró que su forma de operar perjudica la salud y la seguridad de los adolescentes. Ese fallo se interpreta como precedente para la querella que ahora llega a juicio en el norte de California.
