Meta se enfrenta a una amenaza financiera sin precedentes. Cuatro estados norteamericanos (California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey) han puesto sobre la mesa una petición de penalizaciones por valor de 1,4 billones de dólares.
La acusación sostiene que el gigante tecnológico diseñó intencionadamente plataformas como «Facebook» e «Instagram» para generar adicción entre los usuarios más jóvenes, engañando además al público sobre la seguridad real de sus productos.
La astronómica cifra (que prácticamente iguala la capitalización bursátil total de la corporación, situada en unos 1,5 billones de dólares) ha salido a la luz en un documento judicial previo al juicio previsto para este mes de agosto en Oakland. La compañía ha rechazado de plano esta estimación, argumentando que una sanción de este calibre no tiene ningún tipo de precedente en toda la historia de la defensa del consumidor.
El cálculo de una cifra sin precedentes
Para llegar a este volumen de multas, los estados han aplicado una fórmula matemática estricta (multiplicando el número de infracciones estimadas por las sanciones que estipula cada legislación local). Este volumen de infracciones se basa directamente en el recuento de los millones de adolescentes afectados por las supuestas prácticas de la plataforma. La tecnológica califica estos cálculos de escandalosos y subraya que la adicción a las redes sociales no es una condición psiquiátrica médicamente establecida.
Desde la acusación, la oficina del fiscal general de California asegura que la corporación ha priorizado sistemáticamente los beneficios económicos por encima de la seguridad infantil (alimentando así una crisis de salud mental que impacta a toda una generación). Este pulso no es aislado: un total de 29 estados han demandado a la empresa en tribunales federales por violar la ley de protección de la privacidad infantil al recopilar datos de menores sin el consentimiento de sus padres.
Un efecto dominó en los tribunales
El juicio de agosto, liderado por la jueza Yvonne Gonzalez Rogers, aglutinará tanto estas demandas federales como las acusaciones específicas de los cuatro estados mencionados. El pasado mes, la magistrada ya rechazó la petición de la compañía para cancelar el proceso, recordando que existen disputas de fondo reales sobre si las plataformas se dirigieron parcialmente a los niños de forma intencionada.
La presión regulatoria trasciende a la corporación de Zuckerberg y se ha convertido en un desafío estructural para toda la industria. Gigantes como Snap Inc. (matriz de «Snapchat»), Alphabet (dueña de «YouTube») y ByteDance (propietaria de «TikTok») afrontan miles de demandas similares. El riesgo es real: en un caso pionero en marzo, un jurado de Nuevo México ya condenó a Meta a pagar 375 millones de dólares tras considerar probado que había engañado a los consumidores locales.
